La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo de Baja California ha aplicado sanciones sin precedentes en la entidad, ya que no han entendido la política de cero tolerancia para quienes no cuenten con las respectivas licencias ambientales para operar, como lo fue la empresa Zahori en Mexicali.

Mónica Vega Aguirre, titular de dicha secretaría, al participar en la glosa del tercer informe de gobierno del ejecutivo estatal, refirió que esta política ha permitido que se incremente la recaudación por multas ambientales, después de no cumplir con las normas mexicanas.

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La funcionaria relató que por primera vez en su historia, la citada empresa mexicalense apenas antier se clausuró su fuente de emisiones a la atmósfera, debido a que no cuenta con la autorización de una licencia para operar.

El tema ambiental es de las prioridades del actual gobierno, afirmó, puntualizando que en general, se ha mejorado la aplicación de las normas y a su vez, las sanciones por incumplimiento.

En el último año de gobierno, de enero a octubre de 2024 se han realizado 336 acciones de inspección y vigilancia en la entidad, de las cuales se han consolidado 10 clausuras y 41 suspensiones en el periodo de referencia.

Esto ha generado una recaudación de 5 millones 793 mil 133 pesos de enero a octubre del año en curso, lo cual se suma al 1 millón 161 mil 888 pesos recaudados en el 2023. Esto significa que en total se han recaudado 6 millones 955 mil 021 pesos, lo cual se ha consolidado a través de las labores que realiza la Procuraduría Ambiental.

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La mala costumbre

Vega Aguirre comentó que las empresas tienen la mala costumbre de luchar por “tumbar” las multas, por lo que dirigen todos sus esfuerzos en una lucha jurídica con el objetivo de no pagar la sanción y seguir operando.

Es por ello que la labor de la procuraduría en cuestión hace un puntual seguimiento a las acciones de las empresas.

La citada empresa mexicalense y otras, anunció, serán sujetas a una auditoría integral en la que se revisarán todas las condiciones de su manifiesto de impacto ambiental.

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La secretaria destacó que este año entró en funciones la Procuraduría Ambiental, la cual llevaba años en considerada en la ley, pero apenas el año pasado el gobierno estatal le asignó el presupuesto para que iniciara operaciones este 2024.

Esta dependencia opera con un presupuesto de 3 millones de pesos anuales. Cuenta con 14 colaboradores, de los cuales, 10 son inspectores, cuyos salarios provienen de recursos de la Secretaría de Hacienda.

Mariela Tapia | La Voz de la Frontera