México impugna un fallo ganado por una empresa ligada Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira

El gobierno federal impugnará el laudo emitido por un tribunal internacional a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration, entre cuyos socios están Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, que obliga a México a indemnizar con 37.1 millones de dólares por haber negado el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur (BCS).

En un comunicado, las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) manifiestan su desaprobación al fallo del tribunal administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Refieren que luego de más de dos años de haber finalizado el procedimiento, el pasado 17 de septiembre, la mayoría del tribunal emitió el laudo a favor de Odyssey Marine Exploration con un pago que representa alrededor del 1.18 por ciento del monto que la empresa originalmente reclamó en el arbitraje.

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Mencionan que entre 2016 y 2018, la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, por lo que Odyssey inició un arbitraje internacional en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Señalan que la obra programada en el Golfo de Ulloa, en Baja California
Sur, consistía en un dragado marino, a una distancia de 12 millas marinas del punto más cercano a la costa en un área de 61 mil 989.2 hectáreas, para extraer siete millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.

Según las dependencias, en el proceso de arbitraje, México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas azules y grises, y lobos marinos, entre otros.

Asimismo, el gobierno federal demostró la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, toda vez que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos, y expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo.

La SE y la Semarnat consideran que el tribunal dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat presentados como testigos por parte de Odyssey, quienes declararon que la negación de la MIA fue por situaciones políticas y no científicas.

Subrayan que la defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal.

Dan a conocer que debido a las serias deficiencias de la resolución y a la postura de un árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes.

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“El gobierno de México reitera que no permitirá que se sigan priorizando proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de nuestros recursos naturales y defenderá en todo momento su soberanía por el bien de todas y todos los mexicanos”, puntualizaron.