Con EPN y AMLO, sólo 19 personas han sido sentenciadas por disfrazarse como militares

En las últimas dos administraciones federales solo han sido sentenciadas 19 personas por usar uniformes falsificados o similares a los de las fuerzas armadas, pese a que esta práctica persiste entre integrantes de la delincuencia organizada para sus operaciones o para arremeter contra la población, como ha ocurrido con falsos retenes. Incluso, hay exmarinos dados de baja por vender vestimenta oficial.

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, Prevención y Readaptación Social del gobierno federal indicó a El Sol de México que las sentencias corresponden a “posesión de uniformes de las fuerzas armadas falsificados”, “posesión de uniformes públicos falsificados”, “uso indebido de insignias de las fuerzas armadas” y posesión de uniformes de la extinta Policía Federal, principalmente.

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La falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública es un delito, que se castiga con cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa, según el artículo 250 bis del Código Penal Federal.

Almacenar, distribuir y adquirir credenciales y uniformes falsos de las fuerzas armadas y facilitar su vestimenta verdadera se castigará con hasta seis años de prisión y hasta 300 días de multa, según el artículo 250 bis 1 de dicho Código. La pena se elevará de cinco a 12 años de prisión y hasta 600 días de multa si el fin es cometer un delito o la persona acusada es o fue funcionario de las fuerzas armadas o de alguna institución de seguridad pública.

Las 19 personas que terminaron en prisión por disfrazarse de militares y portar credenciales falsas de las fuerzas armadas no solo fueron sentenciadas por este ilícito, sino que, en la mayoría de los casos, incurrieron en otros delitos, como portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, delincuencia organizada y posesión de drogas.

Tal es el caso de una persona sentenciada a seis años que pasó año y medio en el Centro Federal de Readaptación Social No. 5 Oriente, acusada de “portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo y posesión de uniformes de las fuerzas armadas falsificados”.

Los 19 casos corresponden a “personas privadas de la libertad sentenciadas por cometer delitos contemplados en el artículo 250 bis y 250 bis 1, del Código Penal Federal” del 1 de enero de 2013 al 1 de enero de 2023, es decir, durante los sexenios de Enrique Peña Nieto (PRI) y en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (Morena).

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Según la respuesta de Prevención y Readaptación Social, un órgano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por Rosa Icela Rodríguez, la mayoría de las personas sentenciadas salieron de prisión antes de tiempo.

Por ejemplo, una persona acusada por “uso de uniformes, similares o iguales a los de las fuerzas armadas o de instituciones de seguridad pública”, originaria de Tamaulipas, pasó ocho meses con 16 días en el Centro Federal de Readaptación Social No. 7 “Nor Noroeste”, cuando el juez le impuso siete años en prisión.

Otro caso es el de una persona de Hermosillo, Sonora, a la cual le impusieron 29 años de prisión por los delitos de “secuestro calificado, uso indebido de uniformes, emblemas, símbolos, credenciales placas o gafetes oficiales utilizando vehículo robado en la comisión de otro delito y delincuencia organizada”. Transcurridos dos años, dejó el Centro Federal de Readaptación Social No. 11 “CPS Sonora”.

En el documento revisado por este diario, también aparece el caso de una persona sinaloense acusada de “conservación de uniformes e insignias de instituciones de seguridad pública”, es decir, no solo de usar vestimenta falsificada o similar a la de las fuerzas armadas. Actualmente, cumple una condena de cinco años con ocho meses en el Centro Federal de Readaptación social No. 5 “Oriente”.

En junio de 2022, el almirante José Rafael Ojeda, titular de la Marina, reconoció al menos dos o tres casos de robo de uniformes y equipo por parte de elementos de la corporación para venderlos a la delincuencia organizada, por lo cual los servidores fueron dados de baja.

El uso de uniformes militares falsos por parte de la delincuencia organizada es una práctica en el país para instalar falsos retenes en carreteras, como denunciaron paisanos durante las pasadas vacaciones decembrinas en Veracruz.

“La gente se detiene pensando que son militares. Te quieren extorsionar, pero también secuestran a la gente y le roban”, aseguró Raúl Benítez-Manaunt, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y experto en temas del crimen organizado.

En una entrevista con este diario, consideró que el uso de uniformes apócrifos de las fuerzas armadas ha crecido en los tres últimos gobiernos federales, debido a que, estimó, los controles de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para su confección son insuficientes, e incluso “bajos”.

En Querétaro, los falsos uniformes también se han utilizado para intentar ingresar armamento a la entidad. Apenas en septiembre pasado cuatro sujetos vestidos de militar fueron detenidos por policías locales mientras circulaban por la carretera libre a Celaya.

Por su parte, el capitán Luis Miguel Fernández, jefe de la planta de teñido, estampado y acabado del Ejército, explicó que los uniformes hechos por la Sedena en las Fábricas de Vestuario y Equipo (Fave) son imposibles de clonar, y los tipo militar que se comercializan en el Centro, Izazaga o en la web, carecen de las propiedades mínimas de la ropa castrense.

“El camuflaje de uso militar debe cumplir con dos espectros: el espectro visual y el infrarrojo, es decir, que se debe mimetizar al ojo humano y con los goggles de visión nocturna, entonces hay camuflajes, hay telas que no cumplen eso, nada más son telas de tipo militar”, indicó a El Sol de México durante una visita a la planta.

“En México no hay forma de que nos clonen (…) Los que hacen algo similar es tela de un uso diferente, el colorante que emplean para patrón de camuflaje, como el que venden en el Centro, es un color ordinario que no tiene las propiedades que tienen los nuestros, se ve que es camuflaje, pero no cumplen con los requisitos de un camuflaje de uso militar”, dijo.

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A decir del capitán, “es sencillo notar cuándo un uniforme es apócrifo” y aparentemente inútil para fines ilícitos.

Los negocios de indumentaria tipo militar permanecen abiertos a pocos metros de los poderes Ejecutivo y Judicial, en el Centro de la Ciudad de México.

Personas sin más que tarjetas de presentación en las manos gritan al transeúnte que merodea por los comercios de baquetas, tambores o trompetas y que al fondo también tienen chalecos tipo antibalas, ¿qué buscas?, ¿qué se te ofrece?, y una vez entablado el diálogo añaden: “Camisa, botas, pantalones, ¿qué buscabas?”, preguntan.

En un recorrido, se constató que en la calle Moneda potenciales clientes son guiados a una vecindad cercana que sirve como bodega para telas.

Atraviesan un pasillo angosto, bolsas con telas, suben escaleras rodeadas de barandales desgastados y finalmente, después de un piso, los tarjeteros presentan el negocio que prometieron en la calle. El catálogo es amplio. Las prendas principales son las de paramédicos, policías, Ejército y Marina, las cuales carecen de insignias reglamentarias.

Alfredo Fuentes | El Sol de México