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La Opinión

Las lecciones de Chile para México

La nueva Constitución en Chile dará origen a un nuevo pacto social, a un nuevo entramado institucional e incluso a un nuevo sistema político

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Hace unos días, se instaló la asamblea constituyente que redactará la nueva Carta Magna de Chile. El ejercicio, en sí mismo, merece una atenta observación, pues se trata de un hito histórico para ese país y para América Latina en general. 

El proceso de diseño y discusión de la nueva Constitución se puede mirar desde muchos ángulos, todos ellos muy interesantes: como una muestra más de la crisis global del modelo neoliberal, como el borrón de los últimos resabios de la dictadura pinochetista o como el desenlace de la crisis político-institucional que ha imperado en Chile desde 2019. 

También se puede observar como un complejo ejercicio político, que exigirá que se pongan de acuerdo tres facciones con intereses sumamente diferentes y, a veces, contrapuestos. Las primeras dos partes representan a la partidocracia chilena: la derecha, que incluye elementos archiconservadores y otros más liberales, y la izquierda moderada, más cercana al centro socialdemócrata que a posiciones radicales. 

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La tercera facción es la izquierda independiente, una opción antiestablishment y alejada de los partidos tradicionales, que proviene de la sociedad civil y presenta tintes radicales e idealistas. A esto hay que agregar la presencia de representantes de los pueblos originarios y el factor de la paridad de género, por lo que hay igual número de mujeres y hombres constituyentes. 

Así las cosas, observar los debates y el desempeño de la asamblea constituyente chilena será un auténtico espectáculo para los apasionados del análisis y el quehacer político. Sin embargo, más allá del interés que pueda suscitar este proceso, los acontecimientos chilenos también arrojan ciertas lecciones para México. 

Para empezar, el constituyente chileno deriva de las enérgicas protestas que iniciaron en 2019. La chispa que encendió la movilización social fue el aumento de las tarifas de transporte público, pero las manifestaciones también fueron síntoma del profundo descontento de diversos sectores con la sobreprivatización de los servicios públicos, con los altos costos de vida y con las pocas oportunidades de movilidad social, así como el desencanto con el sistema de partidos vigente.  

De ahí se desprende una primera lección para México. El descontento social con un modelo económico desgastado y un Estado incapaz de proveer servicios públicos de calidad puede escalar a grado tal que un país requiera un nuevo orden constitucional para seguir adelante. 

Muchos analistas consideran que en México la victoria electoral del presidente López Obrador fue ese punto de quiebre, en el que el desencanto social produce un cambio político radical. Asimismo, sostienen que AMLO funge como un muro de contención que evita que el descontento social se desborde, toda vez que su gobierno representa a los sectores sociales históricamente marginados. 

Estas hipótesis pueden ser ciertas, pero aun con López Obrador en el gobierno, el Estado mexicano es débil, ofrece servicios públicos de muy baja calidad y algunos problemas lo desbordan, principalmente la pobreza, la inseguridad y la violencia. Por eso, debemos preguntarnos: si el hartazgo social alcanza también al gobierno morenista (ya sea en este o en futuros sexenios), ¿México estaría listo para un estallido social como el que vivió Chile? ¿Habría cauces políticos, jurídicos e institucionales para canalizar ese descontento? ¿Y si no los hay? 

Si es exitosa y logra redactar una Carta Magna que satisfaga las demandas de amplios sectores sociales con relativo consenso, otra lección que puede dejar la asamblea constituyente chilena es que, por más polarizada que esté una sociedad y por más descompuesto que esté un sistema político, hay vías civilizadas y pacíficas para resolver las diferencias y para solucionar los problemas de un país. 

Otra lección más que entraña el caso chileno para nuestro país es que, cuando la sociedad actúa colectivamente de manera organizada y decidida, puede lograr grandes cambios. Es mejor que el desencanto y la inconformidad se transformen en acción que en pasividad y apatía. Los cambios impulsados desde abajo sí son posibles. 

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Por último, me quiero detener en la que, a mi juicio, es la lección más importante que puede dejar el caso chileno. Quizá esta lección parezca más aburrida y menos apasionante que las demás; pero, al mismo tiempo, es la más apremiante, actual y atendible para México. 

La creación de una nueva Constitución ha despertado todo tipo de esperanzas en algunos sectores de la sociedad chilena, como si una nueva Carta Magna fuera la solución a todos los problemas de su país. 

El gran jurista Hans Kelsen sostenía que las constituciones desempeñan tres funciones principales: i. definen el proceso general para crear normas jurídicas; ii. establecen cuáles son los principales órganos del Estado, sus competencias y sus facultades, y iii. instauran directrices y límites para la relación entre el Estado y los ciudadanos, lo cual incluye la garantía de los derechos y las libertades de éstos. 

En este tenor, la nueva Constitución en Chile puede dar origen a un nuevo pacto social, a un nuevo entramado institucional e incluso a un nuevo sistema político. Posiblemente, también amplíe las obligaciones del Estado y los derechos de los ciudadanos. Pero es un error pensar que su mera entrada en vigor modificará inmediatamente la realidad política, económica y social de los chilenos.

Debemos recordar que las constituciones son trozos de papel. Si sus normas no se observan, se convierten en letra muerta. Si su contenido no se acompaña de un entramado institucional robusto y de acciones decididas de los poderes del Estado que estén encaminadas a su cumplimiento, entonces su aplicación plena es imposible. Si el texto constitucional no se redacta pensando en que las disposiciones sean ejecutables, entonces no hay condiciones para su puesta en práctica. 

Todo eso suele pasar en México. Los actores políticos y la sociedad civil suelen depositar grandes esperanzas en las reformas constitucionales, como si la inclusión de cierto tema, cierta demanda o ciertos derechos en la Constitución significara la solución definitiva a determinado problema o conflicto. 

Por lo tanto, la lección más importante de Chile para México es: por más progresista e integral que sea una Constitución, la realidad no se modifica por decreto. Todos los mexicanos debemos comprender eso, incluido el presidente López Obrador. 

Twitter: @jacquescoste94