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Baja California

La expropiación del Club Campestre de Tijuana no atenta contra la propiedad privada: Amador Rodríguez

Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno de Baja California, dice que los dueños del Club Campestre de Tijuana tienen 15 días para demostrar que lo son

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La expropiación del Club Campestre de Tijuana no atenta contra la propiedad privada, porque está apegada a la ley y es solamente el inicio del proceso para convertirlo en un Centro Interactivo que requiere la población tijuanense, afirmó Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno de Baja California.

El funcionario del gobierno de Baja California dio entrevistas por separado a Telemundo y Azteca, en las cuales dio sus opiniones contrario a lo que han emitido académicos, empresarios y actores políticos que participan en el actual proceso electoral, sin tener el conocimiento pleno del asunto.

Explicó que la publicación hecha en el Periódico Oficial del Estado, en edición especial de fecha 13 de abril de 2021 “es solamente el inicio del procedimiento y quienes se sientan afectados o se digan dueños, tienen 15 días para revisar el expediente con los dictámenes técnicos y presentar pruebas en contrario”.

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Comentó el alto funcionario estatal que los interesados pueden acudir a la dependencia a su cargo, donde podrán revisar la sustentación del Gobierno del Estado para emitir la Declaratoria de Utilidad Pública, a fin de llevar a cabo la expropiación en los términos constitucionales y responder a la necesidad de la población en materia de cultura, entretenimiento, deporte, etc.

Lo anterior es en reconocimiento al Derecho de Audiencia que tienen quienes se dicen perjudicados, para que en quince días hábiles analicen el contenido del expediente en la SGG, lleven sus pruebas documentales, para que, en tres semanas más, hagamos la revisión y rindamos un informe al gobernador Jaime Bonilla Valdez, de lo que dependerá la continuación en la promulgación del Decreto Expropiatorio del predio y las instalaciones.

Sobre la versión de que los asociados del Club Campestre de Tijuana promovieron previamente un amparo, el secretario General de Gobierno, dijo que no existe tal respecto a la Declaratoria de Utilidad Pública (DUP), lo que presentaron fue una solicitud de suspensión contra una supuesta confiscación o para la posible realización de actos ilegales, que ahora no es el caso.

“Esto no es un acto ilegal, es un acto apegado a la Ley de Expropiación que sigue todos los pasos, todos los procedimientos que establece la ley; el mismo juez que conoció de su petición de amparo, dice al final de la sentencia que, si surge algún procedimiento jurídico, esto no los ampara”, expuso.

Las expropiación del el Club Campestre de Tijuana se da porque reúne las características de infraestructura, de espacio, de tradición, de ubicación, señaló.

“No hay otro (espacio como el Club Campestre de Tijuana) en la zona poniente norte de la ciudad que, por su ubicación nos da la posibilidad de que un millón doscientos mil personas acudan a disfrutar de sus instalaciones”, expuso.

El Club Campestre de Tijuana estará adecuado para que cumpla con la nueva ley de Educación Física, así como el esparcimiento familiar de todos los tijuanenses y no solamente de los 834 asociados y familiares, recordó Amador Rodríguez.

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“Son académicos y no estudian… si estudiaran, se darían cuenta que más de 1.5 millón de tijuanenses habitan en esa amplia zona municipal y que no tienen un solo lugar, salvo Playas de Tijuana que tiene un parque, así como el parque Teniente Guerrero y el de la colonia Morelos, pero no con la extensión y los acondicionamientos óptimos para la población.

La viabilidad de conversión del Club Campestre de Tijuana en el Parque Interactivo Campestre es en el corto plazo, una vez que sean revisadas las pruebas documentales que presenten las partes que demuestren ser perjudicadas.

Añadió que está en duda la legítima propiedad del Club Campestre de Tijuana, porque los asociados han usufructuado el espacio que ocupan a raíz de un juicio de prescripción que no cumplió con todos los requisitos.

“Es necesario aclarar que no existe nadie de esos 834 socios que compraron membresías a una asociación civil, con derechos de propiedad”, manifestó.

“Aparentemente son verdaderos propietarios son el general Abelardo L. Rodríguez (quien fuera gobernador del Territorio Norte de Baja California) y su sucesor o herederos del último gobernador (del mismo territorio), Alfonso García González: Hay una acción fraudulenta de 1969, mediante la cual promueven una prescripción ilegal y ese es el único título que tiene la asociación del Club Campestre”, detalló el titular de la SGG.

La Declaratoria de Utilidad Pública y la expropiación no se trata de ningún capricho personal como comentan asociados o personas que desconocen la ley, manifestó el secretario General de Gobierno de Baja California.

El abogado de Jaime Bonilla Valdez agregó que la expropiación es un acto que cumple con la Constitución Política Mexicana, con tratados internacionales de Derechos Humanos y las recientes reformas a la Constitución Política de Baja California, que establecen el derecho de la ciudadanía bajacaliforniana a la cultura, al deporte, a la recreación y a la salud.

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