La CNDH detecta fallas en medidas anticovid en los centros penitenciarios de Sinaloa

MAZATLÁN, Sinaloa. Con el propósito de verificar las medidas de prevención, atención y mitigación de riesgo por Covid-19, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó los cuatro centros penitenciarios de reclusión de Sinaloa en 2020, donde detectó población vulnerable y fallas en las medidas generales, personales, informativas, uso de antisépticos, detección y atención de enfermos.

En los recorridos, en los que se incluyeron también los centros de retención como tribunales de barandilla e instalaciones de la policía de investigación, se identificaron irregularidades en el ámbito estructural y del personal adscrito al sistema penitenciario.

Algunas circunstancias deberán ser atendidas para prevenir escenarios de riesgo, en agravio no solo de las personas privadas de la libertad sino también de los servidores públicos y visitantes.

Como resultado de la supervisión, el organismo solicitó a las autoridades penitenciarias y judiciales garanticen las condiciones de seguridad e higiene del personal.

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Ello se traduce en que cuenten con insumos, equipos, herramientas y materiales adecuados y suficientes que permitan desarrollar su tarea y que reciban la respectiva capacitación, a fin de reducir riesgos y salvaguardar su salud e integridad.

El reporte de la CNDH señala una población vulnerable en los cuatro centros penitenciarios del estado es de 131 adultos mayores, 120 internos con padecimientos mentales e imputables, 600 con discapacidad u otras patologías, 77 indígenas, así como 32 extranjeros.

Durante la visita había una población de cuatro mil 517 internos, de los cuales cuatro mil 346 son hombres y 171 mujeres, con una ocupación de 68.3 por ciento en cuanto a la capacidad instalada para seis mil 616 personas.

La cárcel que más observaciones tuvo fue el centro federal de readaptación social 8 “Nor-Poniente”, con sede en Guasave, dado que al momento de la visita no se aplicaban pruebas para la detección de Covid-19, y ante la suspensión de las visitas familiares e íntimas, se reemplazó por una llamada de 10 minutos, y se pidió garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida, tanto a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen comunicación.

El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la zona sur del estado, Fermín Núñez Millán, informó que en esta ocasión la supervisión se extendió a los centros de retención como son los tribunales de barandilla y las instalaciones de la policía de investigación.

Comentó que personal de esta visitaduría apoyó a los integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La CNDH realizó 26 visitas de observación y verificación en 17 entidades del país para conocer el trato que reciben las personas privadas de la libertad, autoridades, familiares y visitas en general, e identificar las buenas prácticas implementadas, los temas de preocupación y ver las áreas de oportunidad de cada cárcel.

En su diagnóstico, planteó a las autoridades penitenciarias y judiciales diseñar y ejecutar un programa de despresurización penitenciaria para modificar la medida cautelar en personas con prisión preventiva y la liberación anticipada de sentenciadas, acorde con lo establecido por instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.