La cannabis se convertirá en el motor económico de México frente al Covid-19

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el 17 de abril de 2020 en sesión privada al Congreso de la Unión una segunda prórroga para la aprobación de la legislación, que regulará la cannabis tanto en su parte médica y científica como comercial y lúdica.

El plazo original por mandamiento de la propia Corte venció el 30 de octubre de 2019, pero a petición de los legisladores se concedió una prórroga hasta el 30 de abril de 2020.

La nueva prórroga tiene como límite el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que comprende del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2020.

Dicha decisión obedece a una intrínseca imposibilidad de debatir la iniciativa y diversas reformas legales, por la suspensión de actividades legislativas a raíz de la emergencia sanitaria por causa por el coronavirus (Covid-19).

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Surge la pregunta: ¿Qué trascendencia económica tiene este nuevo aplazamiento ante la previsible caída financiera y económica mundial?

La exposición de motivos y considerandos del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos, segunda con opinión de la Comisión de Seguridad Pública, por el que expide la Ley para la Comisión de Seguridad Pública, por el que se expide la Ley para la Regulación del Cannabis y Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal  (en proceso de discusión y aprobación) sustentan que diversos especialistas han establecido que el modelo de regulación de la cannabis no solo tiene una finalidad de pacificación social, sino que debe contemplarse su impacto en las finanzas públicas al crear o regular una industria que genera una derrama económica millonaria en diversos sectores.

La legalización del cannabis y su control a través del otorgamiento de licencias, supervisión y fiscalización atraerá para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una importante fuente de recursos que actualmente no existen, ya que todas las ganancias son para el crimen organizado y el mercado ilegal.

Se crearían fuentes de empleo en el sector rural dando con ello un impulso a las comunidades, que han sido vulnerables frente a las presiones de grupos de poder y cacicazgos locales, concediéndose al menos durante los primeros cinco años aproximadamente 40 por ciento de las licencias de cultivo a campesinos y comunidades de producción.

También se generarían empleos y mano de obra para el sector de la extracción, producción, distribución, comercialización, investigación, salud y muchos más, ya que el uso del cannabis tiene aplicaciones industriales, textiles, científicas, médicas, herbolarias, por citar algunas.

Aún no tenemos el recuento de los daños de esta guerra contra el Covid-19, pero cada día vemos cómo se pierden millones de empleos y cientos o miles de empresas cierran sus operaciones y, las que sobrevivan, tardarán en recuperarse mucho tiempo.

Por tanto, México requiere una inyección de recursos que levante la economía global de una manera sustentable, pero también rápida, algo así como un electrochoque, como oxígeno puro, con un nuevo enfoque al sector productivo e industrial.

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Se deben priorizar sectores económicos esenciales, pero también tienen que abrirse otros caminos y opciones. Tenemos que reinventarnos como sociedad, como país.

Es por ello que considero que la aprobación de la regulación de la cannabis en México no solo es un tema vital sino que debe convertirse en un asunto estratégico de urgencia inmediata y mientras no se discuta su aprobación en el siguiente periodo de sesiones del Congreso de la Unión, las fuerzas políticas y sus diversos Comités deben aprovechar estos meses para seguir trabajando y avanzando para lograr consenso lo más pronto posible.

No es tiempo de detener el impulso legislativo; quizá la nueva esperanza de México está en la cannabis, el oro verde.

Por: Oscar H. Morales Martínez