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Aún y con el control del mercado gasolinero aumenta el gasto familiar, acusan sindicatos

El caso fue señalado en 2024 durante la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se mencionó el presunto monopolio en la distribución de combustibles en el estado.

Denuncias sindicales acusan a CorpoGas de monopolizar el suministro de hidrocarburos, al imponer precios por arriba del promedio nacional en la Península de Yucatán, este corporativo está ligado al empresario Ricardo Antonio Vega Serrador y a la familia Mouriño.

Ambos personajes cultivaron estrechas relaciones con los otrora poderosos gobernadores priístas Roberto Borge y Félix González Canto, además de un fuerte lazo con el expresidente Felipe Calderón.

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El gasto en gasolina para las familias de Quintana Roo se ha incrementado en los últimos años debido a un sobreprecio en el combustible que, según denuncias sindicales, responde al control del mercado por parte de un grupo empresarial.

De acuerdo con los señalamientos, el corporativo CorpoGas concentra gran parte del suministro de hidrocarburos en la entidad, lo que permite vender la gasolina por encima del promedio nacional.

La empresa está ligada al empresario Ricardo Antonio Vega Serrador y a la familia Mouriño, quienes en años anteriores mantuvieron cercanía con los exgobernadores priístas Roberto Borge y Félix González Canto, además del expresidente Felipe Calderón.

Según las denuncias, el grupo controla alrededor del 64% del mercado de combustibles en Quintana Roo y comercializa el litro entre 60 centavos y 1.60 pesos más caro. Este sobreprecio representa para muchas familias un gasto adicional cercano a los 2 mil pesos mensuales, equivalente a alrededor de 500 pesos semanales en el presupuesto del hogar.

El caso fue señalado en 2024 durante la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se mencionó el presunto monopolio en la distribución de combustibles en el estado.

En ese momento se informó que la Procuraduría Federal del Consumidor investigaría la situación y que el gobierno federal buscaba alternativas para almacenar combustible y reducir costos. Ante la falta de cambios, sindicatos de la región anunciaron que impulsarán denuncias públicas para que las autoridades intervengan y regulen el mercado de combustibles

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