El programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México enfrenta cuestionamientos tras la asignación derivada de la Licitación Pública LPNP-005-2026, un proceso que, según especialistas y participantes, careció de competencia efectiva y favoreció a la empresa Servicios Broxel.
Con un monto de hasta mil 750 millones de pesos, el esquema busca respaldar actividades culturales, deportivas y apoyos sociales para las beneficiarias.
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Sin embargo, uno de los puntos que más inquietud genera radica en los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos la entrega de 700 mil tarjetas personalizadas en un plazo de 10 días posteriores al fallo, una condición que expertos consideran difícil de cumplir sin una producción previa.
El programa también contempla beneficios adicionales como seguros de vida y asistencia veterinaria, con una comisión mensual que asciende a 352 millones de pesos.
A pesar de la amplitud de servicios, usuarias han señalado falta de claridad sobre su funcionamiento y acceso, lo que pone en duda la eficacia del modelo.
En la licitación participaron únicamente dos empresas: Broxel y Previvale. Durante la fase de aclaraciones, Previvale presentó diversos cuestionamientos; no obstante, ninguno fue aceptado.
Las solicitudes para modificar requisitos, como la eliminación de certificaciones ISO o el uso de tarjetas tipo carnet, tampoco prosperaron.
El historial de la empresa ha cobrado relevancia en medio de la polémica. En Jalisco, trabajadores de la Universidad de Guadalajara reportaron fallas en el uso de tarjetas operadas por Broxel.
El Sindicato de Trabajadores Académicos denunció rechazos en transacciones aun con saldo disponible, además de inconsistencias en la aplicación móvil y el portal digital.
A estas inconformidades se suman reportes de usuarios fuera de zonas metropolitanas, quienes enfrentan dificultades ante la limitada red de comercios que aceptan este medio de pago.
En Monterrey, Nuevo León, también se documentaron errores en depósitos, con montos que alcanzaron hasta 20 mil pesos en cuentas que debían recibir 2 mil 150 pesos.
Aunque la empresa realizó ajustes, los beneficiarios quedaron obligados a reintegrar los recursos utilizados.
Fuentes del gobierno estatal, bajo reserva, indicaron que Ernesto Armendáriz Ramírez, delegado de Programas para el Bienestar, tiene conocimiento de las denuncias relacionadas con la empresa. Dichos señalamientos se encuentran en revisión por parte de la Secretaría Anticorrupción.