En Cuautitlán y Tultitlán, la presencia César Alejandro y Diego Alberto Reyna Carrillo, hijos de la alcaldesa del municipio mexiquense, Juana Carrillo Luna, reaviva señalamientos de corrupción sobre el desarrollo urbano y la ejecución de obras, al operar con el coordinador general de la oficina de presidencia en Tultitlán, Erick Vega Chavarría, bajo el gobierno de Ana María Castro Fernández.
César Alejandro Reyna Carrillo, con trayectoria en la Agencia Nacional de Aduanas durante la gestión de Horacio Duarte, mantiene un historial político-administrativo que hoy es cuestionado.
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Su hermano, Diego Alberto Reyna, ocupa la presidencia del DIF municipal de Cuautitlán, luego de haber sido secretario técnico de la Oficina de la Presidencia en Tultitlán, en la administración de Elena García Martínez.
Los vínculos entre los hermanos Reyna y colaboradores en Tultitlán habrían derivado en un esquema que centraliza decisiones en materia de obras privadas y públicas.
Las descripciones apuntan a que constructoras de fábricas, naves industriales y centros comerciales enfrentan suspensiones que derivan en aportaciones millonarias al Ayuntamiento, formalmente registradas como ingresos públicos, pero cuya ejecución termina adjudicada a empresas relacionadas con los propios operadores.
El papel de los hermanos Reyna en posiciones estratégicas, así como su relación con funcionarios de confianza en municipios vecinos, ha generado acusaciones de nepotismo y dudas sobre la transparencia en la gestión local.
Incluso al interior de Morena, partido que llevó a la alcaldesa Juana Carrillo al cargo, han manifestado preocupación por el control ejercido por familiares y aliados en áreas clave.
Asimismo, César Alejandro Reyna Carrillo cuenta con antecedentes en la Agencia Nacional de Aduanas, donde documentos periodísticos y reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que, en 2022, habría sido acusado de manipular el sistema de semáforo aduanero para favorecer esquemas de extorsión.
Aunque la Fiscalía General de la República abrió indagatorias y el caso llegó a la mesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el resultado fue solo la destitución de funcionarios, sin procesos judiciales posteriores.
Estos antecedentes, sumados al peso político-administrativo de los hijos de la alcaldesa, han fortalecido las críticas ciudadanas en Cuautitlán y Tultitlán.