El representante de los desplazados por la violencia en el sur del estado, José Carlos Alarcón González, alertó que el fenómeno del desplazamiento forzado sigue activo en la sierra de Concordia, donde en los últimos dos meses cerca de 700 personas se han visto obligadas a abandonar sus comunidades debido a hechos violentos.
Alarcón González detalló que los desplazados provienen principalmente de las comunidades El Palmito, Pánuco, Cuatantal, Potrillos, Las Iguanas, Concordia, y Matatán, en Rosario, la mayoría de ellos llega a Mazatlán en busca de refugio y apoyo.
Te puede interesar: Sinaloa refuerza promoción y seguridad tras alerta de viaje de Estados Unidos
“Todos los días llegan personas. No van a un centro comercial ni a buscar a la policía, llegan con nosotros. Y somos nosotros quienes buscamos la manera de que sean atendidos con empatía, mientras logran estabilizarse”, comentó el activista.
Actualmente, muchas de estas personas son acogidas en el fraccionamiento CVIVE, donde hay alrededor de 220 lotes disponibles para asignar, aunque ya habitan ahí unas 300 familias en condiciones precarias.
“Peña Nieto”: La librería en León que nació de un tropiezo presidencial
China registra más de 800 millones de viajes ferroviarios durante temporada alta de verano
El tarifazo de Donald Trump muestra a Brasil nuevos caminos para ganar otros mercados
Valle de México concentra la mitad de las colonias más caras para rentar en el país
El turismo brasileño alcanza crecimiento histórico en primer semestre de 2025
Alarcón destacó que ante la lentitud y falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades, ha sido gracias al respaldo de empresas particulares, grupos religiosos y de la propia ciudadanía solidaria que han logrado subsistir.
Lee: Guatemala otorga permiso humanitario a 161 mexicanos que huyeron de la violencia en Chiapas
Sinaloa ocupó en 2024 el segundo lugar nacional en desplazados por violencia con cuatro mil 480 personas en esta condición, según el estudio Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México, elaborado por del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y la ACNUR.
Carla González | El Sol de Mazatlán