En México, hablar de reinserción social sin hablar de educación es quedarse en el discurso. Y cuando se trata de mujeres privadas de la libertad, la situación es aún más crítica. Si bien representan sólo el 5 por ciento de la población penitenciaria del país, enfrentan rezagos estructurales que el sistema no ha sabido atender.
“En La Cana, hemos comprobado que, sin acceso a la educación y a un oficio digno, las posibilidades reales de reinserción se reducen a casi cero”, declaró Raquel Aguirre, co-fundadora y directora operativa de La Cana.
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La mayoría de las mujeres que llegan a prisión lo hacen con un nivel educativo bajo. De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025, el 40.3 por ciento de las mujeres y 38.3 por ciento de los hombres habían cursado secundaria como máximo nivel educativo.
Esto implica rezagos importantes, en casos donde el nivel escolar es menor, puede implicar analfabetismo, donde el porcentaje en mujeres privadas de la libertad, supera el 6 por ciento, cifra notablemente superior al promedio nacional, que en 2025 se mantiene en aproximadamente 4.2 por ciento.
Esta desigualdad suele estar vinculada a contextos de pobreza, violencia familiar, y exclusión educativa desde etapas tempranas.
A esta situación se suman factores de género que profundizan la vulnerabilidad: 8 de cada 10 mujeres en prisión pierden contacto con sus familias durante los primeros años de reclusión.
Además , el 46.9 por ciento de ellas se encuentra en prisión sin sentencia, frente al 36.7 por ciento de los hombres. Las mujeres en prisión no solo enfrentan el encierro, sino el aislamiento, la falta de redes de apoyo y una mayor dificultad para acceder a mecanismos de defensa y rehabilitación.
Aunque tanto hombres como mujeres en prisión enfrentan retos significativos para acceder a educación, las condiciones son particularmente desfavorables para ellas.
Los hombres privados de libertad cuentan con una mayor oferta de programas educativos, laborales y recreativos, ya que la mayoría de los recursos y esfuerzos institucionales se concentran en los centros penitenciarios varoniles. Esto no es casual: más del 90% de la población penitenciaria en México son hombres, y el sistema ha sido diseñado históricamente en función de sus necesidades.
Por ejemplo, es común que en los penales varoniles existan escuelas con programas del INEA, aulas fijas, instructores asignados y actividades regulares, mientras que en muchos penales femeniles esas condiciones son irregulares o inexistentes.
Además, las actividades para mujeres suelen estar ligadas a roles tradicionales de género —como corte y confección o cocina—, sin suficientes opciones en áreas tecnológicas, digitales o de desarrollo profesional. Esta brecha evidencia no solo una desigualdad de acceso, sino una diferencia en el tipo de formación que se les permite recibir. En consecuencia, las mujeres enfrentan mayores barreras para reinsertarse en condiciones de igualdad al salir de prisión.
Una ley que promete, un sistema que incumple
Aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce el derecho a la educación en la reclusión, la implementación ha sido deficiente. Existen acuerdos con el INEA para impartir educación básica en algunos centros, así como convenios con universidades públicas para ofrecer cursos de educación superior.
Sin embargo, su alcance sigue siendo limitado. Por ejemplo, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, sólo 53 mujeres estaban inscritas en licenciaturas en 2023 a través del programa PESCER de la UACM , sin que se haya hecho pública una cifra oficial de mujeres tituladas.
Esta baja cobertura evidencia la necesidad urgente de fortalecer la infraestructura educativa al interior de los centros penitenciarios femeniles y de acompañar los procesos formativos como parte integral de una política efectiva de reinserción social.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, menos del 45 por ciento de las mujeres en reclusión participa en actividades educativas o laborales. Aunque el porcentaje supera ligeramente al de los hombres, no refleja una ventaja, sino la gravedad del rezago general. En muchos penales femeniles, las actividades disponibles son escasas, estereotipadas y desvinculadas de un enfoque de reinserción real.
Uno de los grandes retos es la falta de infraestructura y personal capacitado. Las cárceles femeniles son menos numerosas (solo 22 en todo el país), y suelen estar lejos de los núcleos urbanos, lo que complica el acceso de instituciones educativas externas.
Además, al ser una población minoritaria, históricamente han sido ignoradas en la planeación y ejecución de políticas penitenciarias.
La respuesta desde sociedad civil: el modelo La Cana
Ante la ineficacia del sistema para garantizar el derecho a la educación, en La Cana decidimos intervenir con un enfoque práctico con perspectiva de género. Desde 2016, hemos desarrollado un modelo de reinserción centrado en tres ejes: capacitación laboral, desarrollo personal e integración comunitaria. Hemos implementado talleres en catorce centros penitenciarios femeniles en el Estado de México, Querétaro, Zacatecas, Coahuila, Morelos, Guadalajara y en Ciudad de México.
Los talleres que impartimos (desde costura y panadería hasta computación, serigrafía o yoga) responden a necesidades concretas: obtención de un trabajo o autoempleo, lograr la autonomía económica, fortalecer habilidades socioemocionales necesarias para la reinserción social y fomentar relaciones interpersonales sanas. Nuestro objetivo no es solo brindar conocimientos técnicos, sino acompañar procesos personales que preparen a las mujeres privadas y ex privadas de la libertad para un regreso digno a la vida en libertad.
Para 2025, en La Cana buscamos escalar nuestro modelo a nuevos estados y consolidar alianzas con gobiernos e instituciones educativas. Apostamos por un enfoque integral que deje de depender exclusivamente de la voluntad de la sociedad civil. Las mujeres en prisión no deben ser víctimas de la improvisación ni del olvido institucional.
Estamos seguras de que es necesario desarrollar una política penitenciaria en donde se ponga el desarrollo de las personas en el centro, que entienda que aprender dentro de prisión no es un privilegio, sino un derecho. Y que asuma que la verdadera reinserción no ocurre al salir, sino que empieza desde adentro.