Pese a que en Jalisco la ley contempla penas de hasta tres años de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales—según los artículos 305, 306, 307 y 308 del Código Penal del Estado— los casos de violencia, principalmente contra perros son frecuentes y cada vez más violentos.
Esto se debe a la falta de aplicación efectiva de la legislación y a la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes atentan contra estos seres vivos.
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La ley establece que la crueldad contra los animales se castiga con penas de seis a ocho meses de prisión cuando las lesiones no ponen en riesgo la vida ni afectan el desarrollo o salud del animal. En los casos donde sí se ponga en riesgo la vida y se acredite la crueldad, se podrá imponer una pena de seis meses a un año de cárcel.
Cuando exista reincidencia o abandono, la sanción aumenta de seis meses a dos años, y si se provoca la muerte del animal, se castiga con dos a tres años de prisión, además de la reparación del daño.
Aunque las sanciones son claras, en Jalisco se han documentado numerosos casos de crueldad animal a través de redes sociales, sin que estas penas se apliquen con rigor ni los responsables enfrenten consecuencias legales.
En los últimos 30 días, en los municipios de Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, se han registrado casos donde tres perros resultaron gravemente heridos y uno más murió debido a la violencia ejercida.
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“El Negro”, en Tonalá, fue golpeado brutalmente en el cráneo por tres sujetos que argumentaron que el perro era agresivo. Los agresores fueron detenidos y existe una carpeta de investigación abierta.
En El Salto, “Chucky” fue apuñalado por dos hombres que fueron detenidos por la policía municipal, aunque se requiere que alguien interponga una denuncia formal para poder proceder legalmente.
Otro caso que ha consternado a los jaliscienses es el de “Felipe”, perrito de raza mediana y de color blanco que vivía en el coto uno del fraccionamiento Haciendas de Santa Fé en Tlajomulco de Zúñiga. Fue apuñalado por un vecino de la zona “porque ladraba” y aunque una asociación lo recogió con vida y lo llevó a una veterinaria, el pequeño can falleció dos días después.
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Para Ramona Becerra, rescatista de perros en Tlajomulco, estos tres casos son solo una muestra de los cientos que se registran a diario. Señala que, si bien estos casos se viralizaron en las redes sociales, muchas más agresiones contra animales pasan desapercibidas y no reciben atención por la falta de sanciones ejemplares.
Desde el Congreso de Jalisco, los diputados coinciden en que la ley no solo se aplica con poca severidad, sino que tampoco ha mostrado avances reales, a pesar de la voluntad política para proteger a los animales.
El pasado 2 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución, que prohíbe el maltrato animal y ordena la creación de una Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. Esta ley aún no ha sido expedida, pero se espera que funcione como base para armonizar las leyes locales en las 32 entidades del país.
La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yussara Canales, aseguró que Jalisco se está anticipando y ya presentó una iniciativa para crear una nueva Ley de Bienestar y Protección Animal del Estado. Se han sostenido reuniones con colectivos animalistas y médicos veterinarios para enriquecer su contenido.
Itzul Barrera, diputada local por Morena, criticó que el Poder Ejecutivo no haya publicado la Ley de Bienestar Animal aprobada en la legislatura pasada, la cual prohíbe la exhibición y venta de perros y gatos en tiendas, con el fin de evitar el sufrimiento de animales enjaulados.
“No la publicó Enrique Alfaro, y tampoco lo ha hecho Pablo Lemus, pese a que desde el Congreso de Jalisco ya hicimos un exhorto. Lamentablemente fue como un llamado a misa, porque hasta hoy no se ha publicado la reforma. Creemos que hay intereses de algunos políticos relacionados con la venta de animales, lo que impide su publicación”, afirmó.
Por su parte, el profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Eugenio Rivera, señaló que la ley actual es sólida, pero no se aplica por parte de los ministerios públicos, lo cual le resta valor. Insistió en que se deben endurecer las sanciones contra los responsables.
“La ley es clara y estipula que ante casos de crueldad animal hay sanciones tanto penales como económicas. Sin embargo, hay un apartado que deja a criterio del MP decidir si se impone una pena penal o solo trabajo comunitario, o incluso se concede el perdón. Mientras no haya sanciones ejemplares, estos actos crueles contra seres que no pueden defenderse seguirán ocurriendo”, apuntó.
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Tanto colectivos, rescatistas como legisladores trabajan actualmente en diversas adecuaciones a la ley de protección y bienestar animal, con el objetivo de garantizar los derechos de los animales. Tras múltiples reuniones y mesas de trabajo, esperan concluir el proyecto y presentarlo ante el Congreso antes de finalizar el año.
Juan Pablo Toledo López | El Occidental | El Sol de México