CDMX

Más de 70 casos por despojo se atienden en el Zócalo; destacan conflicto por vivienda duplicada

A cada persona que acreditó el despojo, el gobierno les ofreció citas de seguimiento no mayores a siete días.

A cada persona que acreditó el despojo, el gobierno les ofreció citas de seguimiento no mayores a siete días.
Foto: Gobierno.

Tras varios intentos de desalojo que sufrió su clienta, Ingrid Salcedo acudió a pedir ayuda a la mesa de atención que el Gobierno instaló desde la semana en la plancha del Zócalo capitalino para atender este tipo de casos.

Salcedo es abogada y explicó que en 2005 su clienta adquirió un departamento a través del Instituto de Vivienda (Invi) ubicado en la avenida México-Tacuba, en la colonia Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, desde 2018, fecha en que la acreedora culminó el pago de su crédito, se presentó en su hogar una persona identificada como el nuevo dueño, quien también dijo que compró la vivienda por medio del Invi.

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Este caso fue uno de los más de 70 que llegaron ayer a la mesa de atención contra el despojo, una de las de mayor demanda en el Zócalo ciudadano, un programa de audiencias públicas del gobierno capitalino. Durante las primeras dos horas y media de atención ya habían pasado 47 personas y 30 más aún esperaban su turno.

“El segundo propietario también compró el departamento por medio del Invi. Cuando el segundo comprador llega a la vivienda se encuentra con que mi clienta lleva viviendo ahí más de 10 años y ya terminó de pagar ese departamento. Es decir, las dos personas adquirieron de forma legal esa vivienda, pero por corrupción o error del Invi que vendió dos veces el mismo predio”, explicó Ingrid Salcedo.

Debido a esto, la mujer que vive en el departamento de la colonia Anáhuac ha sido víctima de intento de desalojo en varias ocasiones durante los últimos siete años, el último ocurrió en 2024. En cada proceso, el segundo propietario ha acudido con policías, cargadores y una orden de desalojo, sin embargo, debido a que la primera inquilina ha acreditado su propiedad, los desalojos no han procedido.

“No han procedido porque los policías y la fuerza pública presentes han respetado los papeles de mi clienta, pero estamos en el entendido que en algún momento puede haber algún policía o juez u otro funcionario que no lo haga y sí use la fuerza pública o saquen a mi clienta. Por esto estoy aquí, para evitar que pase algo así”, explicó la abogada.

Hasta el momento ha interpuesto cuatro juicios y un amparo ante los jueces capitalinos. Una de las denuncias es contra el Invi por el delito de fraude procesal.

El 8 de julio se instaló por primera vez la mesa especializada y se repetirá cada martes. De acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la CdMx, quienes atienden esta mesa, ayer se superó la primera jornada en la que atendieron a 50 ciudadanos.

“El 70 por ciento de los casos que nos han llegado sí son despojo, el resto son delitos como abuso de confianza. Pero la mayoría sí son por este delito en donde están relacionados grupos delictivos”, dijo uno de los funcionarios al frente de la mesa.

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Carlos Mackinlay, director de la empresa paraestatal Servicios Metropolitanos (Servimet), explicó que en la mayoría de los casos de despojo las víctimas son adultos mayores y la zona más afectada es el oriente de la ciudad.

“Hay mucha gente, eso significa que la cantidad de despojos es muy grande, pero sobre todo la voluntad del gobierno para combatir este delito, para restituir sus viviendas a estas personas que de manera tramposa o fraudulenta la perdieron”, añadió Mackinlay.

Quienes también aprovecharon la mesa fueron los jornaleros de la ciénaga de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac, quienes durante la pandemia fueron despojados de sus terrenos de cultivo, considerados suelo de conservación, a manos de grupos delictivos protegidos por la alcaldía.

Antonio, nombre para proteger su identidad, denunció que la parcela que formó parte de su familia desde 1930, y en donde sembraban maíz y avena, fue tomada a la fuerza por un grupo de personas durante la pandemia.

“Me quitaron la parcela con violencia y amenazas de muerte. Al año de que me la quitaron, en el 2021, ya habían construido tres casas de forma irregular y en un suelo donde está prohibido construir. (…) Sí he denunciado varias veces, pero la alcaldía ha ignorado mis trámites, por eso vengo aquí”, declaró Antonio, quien llegó a la mesa en compañía de más de 10 ejidatarios que se han manifestado durante más de seis meses, pues decidieron visibilizar la problemática pese al acoso o amenazas y al ver que la alcaldía está surtiendo de agua y electricidad a las viviendas irregulares.

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A cada persona que acreditó el despojo, el gobierno les ofreció citas de seguimiento no mayores a siete días para que abogados de la secretaría de gobierno inicien el acompañamiento.

Dana Estrada | El Sol de México

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