Familiares de personas desaparecidas reiteraron este miércoles su rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición de personas, promovida por el Ejecutivo Federal, al considerar que no atiende la crisis humanitaria y, en cambio, pretende imponer un sistema de vigilancia masiva que representa un riesgo para la seguridad de toda la población.
En un pronunciamiento público, los colectivos denunciaron que la propuesta no fue construida mediante un proceso de consulta amplio y transparente, y criticaron que no parte de un diagnóstico real de la tragedia que enfrentan miles de familias en México.
“La iniciativa no responde a la grave problemática que sufrimos como familiares de personas desaparecidas”, afirmaron. “No fue construida con las víctimas y puede derivar en un proceso de simulación que sólo traerá más impunidad y prolongará la tortura que vivimos”.
Los firmantes exigieron al Senado de la República y a la Cámara de Diputados que aborden con profesionalismo, humanismo y seriedad el debate sobre esta reforma, y que convoquen de inmediato a un Parlamento Abierto, con metodología clara y participación representativa.
“La Ley General nació del trabajo técnico, responsable y empático de las fuerzas políticas en el Congreso. Cualquier reforma debe darse en esos mismos términos, no por los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación”, señalaron.
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Finalmente, hicieron un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para que observe con responsabilidad el proceso legislativo. “Valoramos sus aportes técnicos, pero sobre todo su capacidad de lectura política. No pueden quedarse al margen”.
El pronunciamiento fue firmado por decenas de familiares de personas desaparecidas, entre ellas: Adela Mendoza Hernández, Alejandra Maritza Cartagena López, Alicia Solís Reyna, Alma Cecilia Salgado Santana, Alonso Chacón Chávez y Ana Enamorado.
El lunes 23 de junio, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó un informe sobre los avances de las mesas de diálogo con colectivos y familiares, señalando que se habían integrado más de 500 aportaciones. Sin embargo, organizaciones denunciaron que el dictamen final conserva una estructura centralizada, permite el uso discrecional de datos sensibles y debilita el papel de las familias en el sistema de búsqueda.
La reforma, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, mantiene elementos que preocupan profundamente a organizaciones de víctimas, quienes advierten que el Estado sigue concentrando el control del sistema sin garantizar justicia, verdad ni participación efectiva.
El dictamen —resultado de las modificaciones a la iniciativa enviada por la Presidencia en marzo, tras el hallazgo de un presunto centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco— incorpora más de 30 ajustes derivados de los diálogos con colectivos. Sin embargo, según denunciaron, preserva los desequilibrios estructurales de la versión original.
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Aunque el gobierno federal ha presentado el dictamen como un producto del diálogo, las organizaciones temen que sea aprobado durante el actual periodo extraordinario del Congreso sin atender las demandas de fondo de las víctimas.
Rafael Ramírez | El Sol de México