Las personas que habitan viviendas invadidas o abandonadas podrán ahora acceder legalmente a ellas mediante esquemas de renta o compra, como parte de un nuevo plan del Gobierno Federal, anunciado recientemente por la presidenta nacional Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué ocurrirá con este programa en Guanajuato?
Hasta mayo pasado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reportó 2 mil 323 viviendas “emproblemadas” en Guanajuato. Se trata de casas abandonadas, vandalizadas o habitadas irregularmente. El titular nacional del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que, aunque es más fácil identificar casas abandonadas o vandalizadas, resulta más complejo detectar aquellas con ocupación ilegal. Por ello, la Secretaría del Bienestar realiza un censo detallado para conocer la situación real de cada inmueble.
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La delegada de los programas del Bienestar en el estado, Alma Alcaraz Hernández, confirmó que el censo inició el 14 de abril. Hasta ahora, se han revisado 642 viviendas, de un universo estimado de 31 mil inmuebles que podrían estar en condición irregular. Sin embargo, aún no hay claridad sobre cuántas de esas viviendas podrían ser regularizadas a través del nuevo programa que busca ofrecer a los llamados “invasores” la posibilidad de adquirir legalmente las casas que ocupan.
Infonavit guarda silencio sobre aplicación en el estado
Aunque el delegado estatal del Infonavit acudió a la reunión mensual de AMEXME León, evitó hacer declaraciones sobre la implementación del programa en Guanajuato. Únicamente se señaló que será la Secretaría del Bienestar la encargada de continuar con el censo casa por casa para determinar el estatus legal de cada vivienda.
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Este plan forma parte de un acuerdo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha dejado en claro que no se pretende desalojar a quienes ocupan viviendas abandonadas, sino dialogar con ellos para conocer su situación y ofrecer alternativas de regularización, ya sea por medio de la renta o la compra del inmueble.
La propuesta ha generado controversia en distintos sectores, principalmente por el debate en torno al respeto a la propiedad privada y los derechos de los dueños originales, algunos de los cuales aún tienen créditos activos o suspendidos.
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Mientras tanto, en Guanajuato persisten las dudas sobre cómo se llevará a cabo este proceso, cuántas viviendas podrán ser ofertadas a sus ocupantes actuales, y qué mecanismos legales se utilizarán para proteger tanto a los compradores como a los propietarios legítimos.
Mary Elenne Castro Mares | El Sol de León