En medio del debate público sobre la Ley de Ciberseguridad, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, defendió la propuesta al asegurar que su propósito no es limitar la libertad de expresión, sino proteger a la ciudadanía. Aseguró que la norma puede ser enriquecida con los foros que organice el Congreso local.
En entrevista, el mandatario estatal señaló que Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en la comisión de ciberdelitos, además de que el 75 por ciento de los habitantes utiliza redes sociales, donde se cometen delitos como el robo de identidad, manipulación financiera y estafas.
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Ante esto, consideró que la ciudadanía era vulnerable ante delitos en el espacio digital como el robo de identidad, la corrupción de menores y la trata de personas, por lo que se requería una norma jurídica que les protegiera.
El jefe del Ejecutivo argumentó que las reformas al Código Penal buscan proteger a sectores vulnerables, más no censurar a la ciudadanía. Además de que colocan a Puebla a la vanguardia en esta materia.
“No hay ninguna restricción hacia los derechos humanos, no hay ningún interés de violentar las libertades ni el actuar de los periodistas; no me siento monarca, no me siento virrey”, enfatizó.
Aunque defendió la legislación, también celebró que el Congreso local haya aceptado realizar foros públicos para analizar el impacto y los objetivos de la Ley de Ciberseguridad.
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Sobre esto, el gobernador afirmó que la norma está abierta al análisis técnico y científico, con la posibilidad de fortalecerse a través de los foros y diálogo con distintos sectores.
Hizo hincapié en que, si surgen propuestas para enriquecer su contenido, el Congreso tendrá la disposición de integrarlas; sin embargo, deberá partir de análisis de abogados, especialistas, organizaciones sociales, cámaras empresariales y padres de familia.
La postura del gobernador fue respaldada por la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt, quien dijo que los casos de ciberacoso o ciberasedio que llegaban al organismo no prosperaban debido a la falta de legislación en la materia.
No obstante, no especificó cuántas denuncias se presentaron previo a la entrada en vigor de la normativa para castigar este ilícito.
A la par, confirmó que después de su formalización en el POE, ya existe una denuncia por este delito que investiga el organismo, sin dar más información.
Mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el vicealmirante Francisco Sánchez González, apuntó que se va a incrementar la matrícula de elementos en la unidad de Policía Cibernética para atender los nuevos delitos.
Reveló que actualmente la unidad cibernética cuenta con 18 elementos, por lo que ya se buscan a los perfiles idóneos para que se adhieran al área, toda vez que se requieren de habilidades técnicas específicas.
También comentó que se va a mejorar el equipamiento para contar con más herramientas para atender los delitos, así como capacitación al personal.
Foros para analizar la norma inician esta semana
Por su parte, la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, adelantó que este 19 de junio iniciarán los foros para discutir la mencionada ley, y anunció que en breve se emitirá una convocatoria abierta a la ciudadanía interesada en participar.
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Detalló que el primer foro será con ciudadanos que busquen conocer a fondo los alcances y objetivos de la norma, mientras que el 20 de junio, es decir, este viernes, prevé realizar un foro específico para hablar sobre la libertad de expresión.
La legisladora de Morena agregó que el Poder Legislativo está dispuesto a realizar las adecuaciones necesarias a la norma, siempre y cuando tengan un sustento puntual.
Remarcó que el espíritu de la ley es proteger a ciudadanos de a pie, especialmente a menores de edad, que son víctimas de acoso o bullying reiterado a través de redes sociales.
A la par, reconoció que la FGE jugará un papel importante para hacer investigaciones exhaustivas y evitar que el delito se aplique contra activistas o víctimas de violencia que denuncian públicamente a sus agresores.
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Finalmente, hay que recordar que la Ley de Ciberseguridad entró en vigor el viernes 13 de junio en el estado, con penas de 11 meses a tres años de cárcel para quien insulte u ofenda por medio de tecnologías de la información.
Victoria Ventura | El Sol de Puebla