La política de combate al narcotráfico y enjuiciamiento de miembros de cárteles mexicanos del gobierno estadounidense ha puesto en aprietos económicos al Poder Judicial de aquel país, que advierte no tener recursos suficientes para hacer frente en tribunales a la “guerra” que el presidente Donald Trump ha declarado al crimen organizado.
A través de dos cartas enviadas por la Conferencia Judicial de Estados Unidos a miembros clave de los Comités de Apropiaciones del Congreso de los Estados Unidos, el Poder Judicial estadounidense reclama la falta de dinero para poder llevar a cabo las diferentes solicitudes que el gobierno ha hecho en torno al enjuiciamiento rápido de narcotraficantes.
“Las prioridades de la nueva administración en materia de aplicación de la ley pueden aumentar significativamente la carga de trabajo. La Fiscal General ha indicado que la administración tiene la intención de priorizar los recursos para investigar y perseguir la delincuencia organizada transnacional, los cárteles, las bandas, los delitos fronterizos y de inmigración, la trata y el contrabando de seres humanos, los delitos relacionados con el fentanilo y los opioides, y el terrorismo. Se espera que los fiscales acusen y persigan los delitos más graves y fácilmente demostrables. Estos cambios en la fiscalía requerirán mayores recursos para el programa de Servicios de Defensa”, advierten juzgadores en los documentos.
“No fijamos nuestra propia carga de trabajo. Debemos conocer de todos los casos procesados por el Departamento de Justicia (…) Debemos proporcionar representación garantizada por la Constitución a las personas acusadas de delitos federales que no puedan permitirse un abogado. Y debemos pagar a los ciudadanos por cumplir con su deber cívico de formar parte de los jurados federales. Se trata de una amplia misión cuya realización depende de una financiación suficiente por parte del Congreso”, agrega la Conferencia Judicial de EU.
Esta dificultad expuesta por el Poder Judicial se debe a que, denuncian, existe un déficit económico de 391 millones de dólares entre lo solicitado por este sector y lo que se les asignó para el ejercicio presupuestal de 2025: pidieron 9.02 mil millones de dólares y les entregaron 8.63 mil.
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La problemática, refieren al Congreso, se acrecenta luego de que la administración del presidente Donald Trump anunciara que priorizará recursos para investigar y enjuiciar el crimen organizado transnacional.
En ese sentido Héctor Herrera Capetillo, académico especialista en política exterior estadounidense, coincide en que en esta segunda administración de Donald Trump se ha acrecentado la presión y trabajo para los tribunales estadounidenses:
“El Poder Judicial considera que es un presupuesto aún reducido para las nuevas atribuciones (que les pide Trump). Pensando sobre todo en que ya no solo es el tema del narcotráfico, sino que ahora se homologa con terrorismo. Y además está el tema de la carga de los juicios de deportaciones masivas contra inmigrantes. Encima también la presión del tiempo para que saque los juicios más rápido eleva notablemente los costos para este poder”, consideró el especialista.
Entre los riesgos que el Poder Judicial estadounidense enfrenta, según lo expuesto al Congreso, se encuentra el congelamiento de contrataciones de defensores públicos, lo que significa que las Organizaciones de Defensores Federales (FDOs) operan con personal insuficiente en relación con su carga de trabajo proyectada. Además, estiman que se suspenderán 92 millones de dólares en pagos a abogados privados designados por los tribunales federales a personas con procesos judiciales activos.
Incluso, refieren en las cartas, los retrasos prolongados en los pagos podrían conllevar en que estos abogados se nieguen a aceptar futuras designaciones del Tribunal Penal.
“Se trata de pagos por un trabajo jurídico constitucionalmente necesario que ya se ha realizado pero que quedará impagado durante meses simplemente porque no podemos hacer frente a los pagos. Ante un retraso tan prolongado en el cobro, estos abogados y sus peritos podrían negarse a aceptar futuras designaciones de la CJA por parte de un tribunal, creando potencialmente retrasos ilegales en el derecho constitucional de los acusados a un juicio rápido y justo”, detalla el documento.
Además de estás problemáticas, expone Herrera Capetillo, la presión a la que está sometido el Poder Judicial ha crecido en esta nueva administración, lo que podría poner en riesgo la labor jurisdiccional de aquel país:
“Han enfatizado mucho los beneficios de acelerar los juicios. Consideran que un juicio para narcotraficantes envía un mensaje sólido de que Trump está combatiendo directamente al narcotráfico. A raíz de la nueva disposición la fiscalía tiene más recursos para eventualmente juzgar, no solo a los líderes, sino incluso a los colaboradores a partir de este nuevo decreto que pone a los narcotraficantes como terroristas. Eso le da más poderes a la fiscalía para eventualmente sancionar a personas vinculadas ya no solo con una actividad criminal, sino con el terrorismo, lo cual abre expedientes y juicios mucho más pesados”, detalló el académico.
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“En esa lógica, supone una carga mayor para el poder judicial. Y más aún sobre todo con esta presión del Poder Ejecutivo de demostrar que hay acciones concretas. Entonces ahora traslada la pelota de la cancha del Ejecutivo a la cancha del Judicial. Ahora parece que la culpa no es propiamente del poder político que está apresando a líderes, que está extraditando y deportando masivamente a estos criminales; sino que más bien, ahora es culpa de la ineficiencia del Poder Judicial. En esa lógica. El Poder Judicial ahora tiene la presión de actuar rápido para no ser visto como el poder que no está respondiendo a la ‘efectividad’ del Poder Ejecutivo, lo cual eventualmente eleva la presión o eleva los costos para hacerlo más eficiente o incluso pueden tener juicios que puedan perder efectividad para dar resultados rápidos”, explicó el también profesor de la Universidad Anáhuac.
En su segundo mandato, iniciado el pasado 20 de enero, Donald Trump intensificó las medidas contra el crimen organizado en México, declarando una “guerra” contra los cárteles al clasificarlos como organizaciones terroristas. Ese mismo día, firmó una orden ejecutiva que designó a cinco grupos, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación como terroristas, otorgando al gobierno de Estados Unidos herramientas legales para perseguir a sus líderes y desmantelar sus estructuras financieras.
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El 5 de febrero de 2025, la Oficina del Fiscal General emitió un memorándum para redirigir recursos hacia la “eliminación total” de estas organizaciones, priorizando condenas ejemplares y deportaciones para miembros de bajo nivel sin estatus migratorio legal. Trump justificó estas acciones afirmando que los cárteles controlan partes de México y son responsables de la crisis de fentanilo, que causó más de 80 mil muertes por sobredosis en aquel país.
Derivado de esta situación, Trump amagó con imponer aranceles del 25 por ciento a México en caso de hacer frente a los cárteles, situación que derivó en que el gobierno mexicano desplegará un operativo de reforzamiento a la seguridad fronteriza con EU en el llamado Operativo Frontera Norte.
Además, el 27 de febrero de 2025, México llevó a cabo un traslado masivo de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, considerada una de las mayores en la historia del país. Entre los enviados a ser juzgados a EU destacan Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985; los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales (Z-40 y Z-42), líderes de Los Zetas; Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, del Cártel de Juárez; y Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, operador inanciero del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La operación, coordinada por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, se realizó bajo acuerdos de cooperación internacional y en respuesta a la presión de EU. Los narcotraficantes fueron trasladados a ciudades como Chicago, Houston, Nueva York y San Antonio para enfrentar cargos por tráfico de drogas, homicidio, lavado de dinero y delincuencia organizada.
“México envió a estos líderes del narcotráfico para ser juzgados de manera express. Lo cual supone una carga para la Fiscalía y desde luego para el Poder Judicial en materia de investigación, de implementación de los casos y desde luego también el costo adicional de llevar a cabo de manera muy rápida y espontánea juicios que además son de alto nivel y en un gran número. Lo cual, desde luego, tiene su costo que supone eventualmente contratar más personal. De hecho no es gratuito que en el mismo Departamento de Defensa, por ejemplo, hayan pedido un aumento de fiscales para poder llevar a cabo la carga que se les ha pedido”, explica Herrera Capetillo en entrevista con El Sol de México.
Al mismo tiempo, en Estados Unidos se están llevando a cabo los juicios contra importantes elementos del crimen organizado en el país, entre ellos Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa; y dos de Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera: Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán, quienes incluso podrían colaborar con las autoridades de aquel país.
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La estrategia de Trump, aunque respaldada por algunos sectores de la oposición mexicana, ha generado preocupaciones sobre una posible escalada de violencia y violaciones a la soberanía, según lo denunciado por la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Aldo Canedo | El Sol de México