Con la finalidad de abordar desde una perspectiva punitiva el contenido deepfake que incluya imágenes de personas en supuestas actividades con contenido sexual explícito, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa que busca que se castigue de la misma manera que se hace con el delito de abuso sexual a quien distribuya, transmita, entregue, muestre imágenes de las víctimas generadas mediante inteligencia artificial u otros métodos tecnológicos.
Detalló que con esta propuesta se busca que se imponga la misma sanción que corresponde al delito de abuso sexual, es decir, de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días de multa a quien produzca y comparta imágenes o videos con contenidos explícitos manipulados mediante inteligencia artificial que generan una afectación a la imagen y prestigio de las personas.
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Explicó que las deepfakes son noticias, imágenes y videos falsos o calumniosos caracterizados por su hiperrealismo generados con inteligencia artificial, y advirtió que la ausencia de un mecanismo que limite su utilización, se convierte en una amenaza latente para las personas y el libre derecho a su personalidad e intimidad.
Agregó que la inteligencia artificial facilita la creación de contenidos que imitan comportamientos y apariencias humanas de manera convincente y engaña la percepción de los individuos hasta que el contenido es analizado a profundidad para verificar su autenticidad.
La legisladora afirmó que “las deepfake tienen el potencial de influir en la dinámica social y las relaciones interinstitucionales” además de que “de un solo golpe pueden derrumbar prestigios, carreras políticas y terminar con familias enteras solo porque cada vez resulta más sencillo hacer una imagen hiperrealista y montarla en una red social”.
Lamentó que en México, como en casi todo el mundo producir deepfakes no es un delito en sí, por lo que “la labor de los sistemas jurídicos que pretendan asumir el reto de legislar en la materia, es el generar una correcta y precisa conexión entre la existencia de la deepfake y la intencionalidad de generar daño, menoscabar la imagen, prestigio, posibilidades de triunfo electoral o erosionar la credibilidad institucional o personal”, subrayó.
Por ello, insistió en que es indispensable eliminar la laguna penal existente y regular desde la perspectiva del derecho penal el deepfake, ya que se afectan derechos fundamentales como la protección de la intimidad, la vida personal, la imagen pública, entre otros daños a la víctima.