Con el fin de abonar a evitar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso de los mexicanos a la vivienda, las senadoras y senadores del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky, Ana Karen Hernández y Alberto Anaya propusieron reformas al Código Civil Federal y a la Ley de Vivienda, en materia de arrendamientos asequibles.
Al fundamentar la propuesta, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, explicó que su propuesta busca garantizar el arrendamiento asequible en el país; al establecer en la ley que los incrementos en los precios de renta no superen la inflación.
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“Controlar el precio de las rentas no significa afectar la propiedad privada, sino poner límites razonables a un mercado que ha dejado fuera a millones de mexicanos”, aseguró la legisladora.
La legisladora del PT señaló que actualmente millones de personas en el país enfrentan un desafío enorme al pagar una renta que no guarda relación con sus ingresos.
“En lugares como la Ciudad de México, el Estado de México o Nuevo León, las rentas mensuales superan los 30 mil pesos en promedio, lo que imposibilita a las familias poder acceder a un hogar”, enfatizó.
La petista comentó que las rentas no superen el crecimiento de la inflación salarial, es decir, el incremento real de los ingresos provenientes del trabajo, pues al destinar gran parte de sus ingresos en acceder a un techo donde vivir, las personas limitan su acceso a la salud, la educación y la alimentación.
Geovanna Bañuelos explicó que la reforma propuesta fomenta el desarrollo de vivienda en arrendamiento asequible desde una política pública integral.
Lo que incluye la participación del Ejecutivo Federal en la coordinación con otras entidades para promover este tipo de vivienda, priorizando siempre a las personas de menores ingresos.
“Esta medida también contribuirá a evitar la especulación inmobiliaria, que ha convertido a la vivienda en una mercancía, ignorando su función social”, enfatizó.
La líder parlamentaria señaló que al asegurar que las rentas se ajusten de forma razonable y alineada con la inflación salarial contribuirá a la justicia económica y a la estabilidad social, además de que permitirá a los trabajadores mantener su poder adquisitivo, promover la inclusión social y evitar fenómenos como el endeudamiento excesivo o el hacinamiento.
“Es esencial que las políticas públicas garanticen una regulación justa de los precios de alquiler, en beneficio tanto de los inquilinos como de la sociedad en su conjunto. Por ello, la presente iniciativa busca establecer en el Código Civil Federal y en la Ley de Vivienda que se garantizará la vivienda en arrendamiento asequible, es decir, el aumento de la renta no será superior a la inflación”, concluyó.