La iniciativa “Mujeres Vivas, Mujeres Libres”, que difunde información para propiciar espacios libres de violencia, recolectará firmas en el marco del 8M, con el fin de solicitar al Congreso de la Ciudad de México que el aborto deje de ser considerado un delito en el Código Penal local.
En octubre del año pasado, la diputada Yuriri Ayala presentó una iniciativa que pretende eliminar al aborto dentro del catálogo de delito del Código Penal local.
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La propuesta deroga el capítulo V, Título Primero, Libro Segundo en materia de despenalización del aborto.
Un mes después de su presentación, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso capitalino aprobaron el dictamen a la iniciativa; sin embargo, a la fecha no lo han incluido para su discusión en el pleno. Las legisladoras prometieron foroscon la sociedad civil para avanzar en el dictamen, pero tampoco los han convocado.
Actualmente, el Código Penal impone una pena de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las 12 semanas de embarazo.
Este sábado 8 de marzo, antes de marchar, integrantes de esta iniciativa se reunirán a la altura de la escultura Alas de México para juntar firmas a favor de la derogación del aborto, mismas que entregarán a los legisladores. También reúnen las rúbricas en una petición virtual.
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Angélica Contreras, vocera de este grupo, señaló en entrevista con El Sol de México que el aborto debe ser un tema de salud pública y no de criminalización, pues a pesar de que es legal en la Ciudad de México desde 2007, aún hay un estigma sobre las mujeres que recurren a él, pues si una mujer acude a una unidad de salud por sangrado se da parte a la Fiscalía local.
En enero este diario informó que las investigaciones por el delito de aborto han aumentado en los últimos años en la Ciudad de México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“La idea es que no tenga un plazo, porque el tema tiene que ser tratado como de salud pública y no sólo eso, sino volver a poner el foco en cómo estamos hablando hoy en día de la justicia reproductiva, hablar desde la información, la educación y las campañas de prevención”, expuso Contreras.
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La iniciativa reclama que este el único servicio de salud esencial tipificado como delito en el Código Penal de la entidad. “Esta contradicción no solo refuerza el estigma, sino que también deja una puerta abierta a la persecución y criminalización de mujeres y personal de salud”, añadió.
Karla Mora | El Sol de México