Política
Activistas de Aguascalientes exigen autonomía y justicia ante la designación del nuevo fiscal
Ambas activistas coincidieron en que el Congreso debe asumir su papel de contrapeso.

Activistas de Aguascalientes emitieron su postura ante la designación de Manuel Alonso García como Fiscal General del Estado. Organizaciones civiles y activistas como Angélica Contreras, de Cultivando Género, y Mariana Ávila Montejano, del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, pusieron sobre la mesa los desafíos que enfrenta la fiscalía y sus exigencias para garantizar justicia efectiva y respeto a los derechos humanos.
Para Angélica Contreras, la preocupación radica en la autonomía de la Fiscalía y en la necesidad de que su operación no se vea influenciada por decisiones de otras dependencias.
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“Nos toca exigir que la fiscalía se mantenga como un órgano autónomo y que se priorice la atención desde la dignidad y el respeto a los derechos humanos”, señaló. Además, denunció que el proceso de selección del nuevo fiscal careció de transparencia y dejó fuera a candidaturas propuestas por la ciudadanía.
Entre las problemáticas que destaca está la revictimización que enfrentan quienes acuden a denunciar, la falta de información sobre sus casos y las dificultades de acceso a la justicia.

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“No sirve de nada hacer campañas invitando a denunciar cuando el acceso a la justicia es tardado y lleno de obstáculos”, agregó. En este sentido, hizo un llamado a fortalecer el Centro de Justicia para Mujeres, que arrastra una deuda histórica en la atención a víctimas.
Por su parte, Mariana Ávila Montejano expuso que la fiscalía arrastra décadas de rezago en peritajes, investigación y atención a víctimas.
“Estamos casi 20 años atrás en metodologías de investigación, no hay análisis de contexto ni avances en los peritajes”, apuntó. Asimismo, criticó la falta de personal especializado y de recursos suficientes en áreas clave como peritajes médico-forenses y servicios periciales.
El Observatorio de Violencia Social y de Género ha insistido en la necesidad de crear una Fiscalía Especializada para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, que atienda con perspectiva de género estos casos.
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También, han propuesto la creación de un Instituto Autónomo de Servicios Periciales para garantizar investigaciones independientes y sin interferencia del Ministerio Público.
Ambas activistas coincidieron en que el Congreso debe asumir su papel de contrapeso y citar al fiscal a rendir cuentas las veces que sea necesario. “Se necesita que el Congreso se involucre y deje de estar aplaudiendo; la fiscalía debe priorizar a las personas y su acceso a la justicia”, enfatizó Contreras.
Rebeca Aguilera | El Sol del Centro

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