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Activistas de Aguascalientes exigen autonomía y justicia ante la designación del nuevo fiscal

Ambas activistas coincidieron en que el Congreso debe asumir su papel de contrapeso.

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Activistas de Aguascalientes emitieron su postura ante la designación de Manuel Alonso García como Fiscal General del Estado. Organizaciones civiles y activistas como Angélica Contreras, de Cultivando Género, y Mariana Ávila Montejano, del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, pusieron sobre la mesa los desafíos que enfrenta la fiscalía y sus exigencias para garantizar justicia efectiva y respeto a los derechos humanos.

Para Angélica Contreras, la preocupación radica en la autonomía de la Fiscalía y en la necesidad de que su operación no se vea influenciada por decisiones de otras dependencias. 

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“Nos toca exigir que la fiscalía se mantenga como un órgano autónomo y que se priorice la atención desde la dignidad y el respeto a los derechos humanos”, señaló. Además, denunció que el proceso de selección del nuevo fiscal careció de transparencia y dejó fuera a candidaturas propuestas por la ciudadanía.

Entre las problemáticas que destaca está la revictimización que enfrentan quienes acuden a denunciar, la falta de información sobre sus casos y las dificultades de acceso a la justicia. 

“No sirve de nada hacer campañas invitando a denunciar cuando el acceso a la justicia es tardado y lleno de obstáculos”, agregó. En este sentido, hizo un llamado a fortalecer el Centro de Justicia para Mujeres, que arrastra una deuda histórica en la atención a víctimas.

Por su parte, Mariana Ávila Montejano expuso que la fiscalía arrastra décadas de rezago en peritajes, investigación y atención a víctimas. 

“Estamos casi 20 años atrás en metodologías de investigación, no hay análisis de contexto ni avances en los peritajes”, apuntó. Asimismo, criticó la falta de personal especializado y de recursos suficientes en áreas clave como peritajes médico-forenses y servicios periciales.

El Observatorio de Violencia Social y de Género ha insistido en la necesidad de crear una Fiscalía Especializada para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, que atienda con perspectiva de género estos casos. 

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También, han propuesto la creación de un Instituto Autónomo de Servicios Periciales para garantizar investigaciones independientes y sin interferencia del Ministerio Público.

Ambas activistas coincidieron en que el Congreso debe asumir su papel de contrapeso y citar al fiscal a rendir cuentas las veces que sea necesario. “Se necesita que el Congreso se involucre y deje de estar aplaudiendo; la fiscalía debe priorizar a las personas y su acceso a la justicia”, enfatizó Contreras.

Rebeca Aguilera | El Sol del Centro

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