El ayuntamiento de La Paz interpuso una denuncia tras el cierre parcial de la playa La Posada, argumentando que se colocó un cerco en zona federal sin autorización.
La presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, manifestó su postura en contra de cualquier intento de privatización de espacios públicos y aseguró que continuará la defensa de las playas para garantizar el libre acceso a la ciudadanía.
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Señaló que, si bien el ayuntamiento ha retirado estructuras en caminos vecinales dentro de su jurisdicción, en este caso específico el cerco se encuentra en zona federal y debe ser atendido por la autoridad competente.
“Más del 80 por ciento del lote afectado se encuentra en zona federal, lo que significa que pasa a ser patrimonio de la nación. Sin embargo, para formalizar esto es necesario seguir un proceso administrativo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el cual ya hemos iniciado”, expuso Quiroga Romero.
La presidenta municipal advirtió sobre la problemática del acceso restringido a las playas en el estado, mencionando el caso de Pescadero, donde la situación se ha vuelto compleja debido a la expedición de títulos de propiedad.
“No podemos dejar que esto suceda aquí en la zona urbana ni en ningún otro punto del municipio. Es algo que debemos defender entre todos”, puntualizó.
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Esto se suma al rechazo de la comunidad del proyecto Muelle de Almar, luego de haber interpuesto un trámite de aprobación de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para un muelle privado en la playa de la comunidad.
Instalación de palapas por parte de API y reacciones ciudadanas
Mientras tanto, el 21 de febrero pasado, la Administración Portuaria Integral (API) inició la instalación de palapas en la zona de La Posada, lo que generó diversas reacciones entre la ciudadanía.
Carlos Mancilla, integrante de la asociación BCScicletos, cuestionó la acción de las autoridades al no haber consultado a la comunidad previamente.
“Nos parece que es un intento de respuesta de las autoridades para presentar la playa como un espacio público. Sin embargo, colocaron las palapas sin consultar a la comunidad. Estamos en comunicación con los comités vecinales del fraccionamiento Juárez y del barrio El Manglito Inalámbrica, y ninguna autoridad les preguntó si querían esta instalación”, declaró Mancilla.
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El activista enfatizó la necesidad de que el gobierno municipal y estatal consideren la opinión de la comunidad antes de realizar intervenciones en espacios públicos. “Si realmente quieren que estos procesos sean incluyentes, deberían consultar a las vecinas, vecinos y usuarias del lugar para conocer sus necesidades e intereses”, agregó.
La situación en playa La Posada sigue en desarrollo, con el Ayuntamiento impulsando un proceso administrativo para garantizar que el terreno en zona federal sea reconocido como propiedad de la nación, mientras que las reacciones ciudadanas exigen mayor participación en la toma de decisiones sobre el uso del espacio público.
Alan Flores | El Sudcaliforniano