“Exceso de tensiones”, “alto riesgo de obesidad y enfermedades degenerativas”, “exceso de intereses económicos”, “contiene malos hábitos alimenticios”. Estos son los sellos de advertencia que podrían colocarse a la pugna que se avecina, una vez que el gobierno mexicano lance la estrategia nacional para erradicar la comida chatarra de las escuelas.

La presidenta Claudia Sheinbaum presenta la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz que, entre otras cosas, pretende prohibir la venta de alimentos ultraprocesados y de alto contenido calórico en las escuelas públicas y privadas, para reemplazarlos por alimentos saludables.

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La iniciativa enfrenta desafíos de alto calibre: reducir la obesidad que afecta a 40 por ciento de las niñas, niños y adolescentes y aliviar las finanzas públicas del creciente gasto en enfermedades relacionadas con el sobrepeso.

El proyecto implica no sólo evitar la venta de productos chatarra, sino capacitar a las autoridades escolares sobre los menús adecuados para los alumnos, resolver el problema de la falta de acceso al agua potable, concientizar a los padres de familia sobre alimentos saludables y conminar a la industria alimentaria a mejorar sus productos.

Pero la industria alimentaria no se quedará de brazos cruzados. Con amparos legales ya en curso por parte de las empresas, el gobierno encarará un tenso tira y afloja entre la salud de las futuras generaciones y las ganancias de poderosos conglomerados.

“Todo proceso de modificación a leyes y reglamentos para instrumentar políticas públicas en salud y nutrición siempre despierta resistencias”, sostiene Liliana Bahena, coordinadora del programa “Mi escuela saludable” de la organización civil El Poder del Consumidor.

Se trata de juicios impulsados por los representantes legales de Coca-Cola y Starbucks así como por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en representación de sus cafeterías en campus de la Ciudad de México.

“Aún faltan dos meses —serán obligatorios a partir del 29 de marzo de 2025 en todas las escuelas de educación básica, media superior y superior— para que los lineamientos sobre comida chatarra sean obligatorios y ya están cayendo amparos legales, sobre todo de empresas como Coca-Cola, Maison Kayser y otras restauranteras que tienen convenios con universidades para vender alimentos dentro de los campus”, agrega la activista.

Lineamientos sobre comida chatarra en escuelas

A partir del 29 de marzo de 2025, serán obligatorios los nuevos lineamientos sobre comida chatarra en todas las escuelas de educación básica, media superior y superior.

“Y habrá muchos más”, augura Bahena, al citar el caso de la empresa Jumex, que se está amparando para que no se prohiba la venta de jugos y néctares. “Sabemos que van a ejercer resistencias, que van a defender lo más que puedan sus ganancias y que van a debilitar lo más que se pueda la iniciativa gubernamental”.

Sin embargo, en un rastreo realizado por El Sol de México se detectó que los juzgadores han rechazado conceder al menos cuatro suspensiones —entre ellas, las del ITAM— para congelar la entrada en vigor de dichos lineamientos prevista para el próximo 29 de marzo, pues se afectaría al interés social y el derecho a la salud del estudiantado. 

En enero pasado el titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió al ITAM una suspensión para que a las cafeterías de la institución no se aplique la prohibición de llevar a cabo la preparación, distribución y expendio de los alimentos que no favorezcan la salud o con alto contenido energético y bajo valor nutricional. 

Sin embargo la SEP llevó el caso a un tribunal colegiado argumentando que al ITAM no se le causa perjuicio con la entrada en vigor del acto reclamado, ya que medularmente se encuentra habilitada para solamente prestar el servicio de educación. 

“Se le ha reconocido su habilitación para que compre, venda, importe, almacene, distribuya, comercialice y exporte, productos preenvasados, mismos que deben cumplimentar y observar las previsiones contenidas en la mencionada norma oficial mexicana”, señaló la SEP. 

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Actualmente otro tribunal colegiado está en vías de resolver si fue legal o no que el juez concederá la suspensión al ITAM para permitir que sus cafeterías mantengan su operación como lo han venido haciendo y sin que se les apliquen los nuevos lineamientos a partir del mes entrante.

Presentados el pasado 30 de septiembre de 2024, último día del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los “Lineamientos generales para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional”, amenazan con ser más agresivos que las políticas lanzadas en sexenios anteriores y hasta contempla sanciones administrativas, económicas y penales para los infractores.

El artículo vigésimo primero del documento señala: La autoridad escolar que promueva, propicie o permita la preparación, distribución, expendio o difusión de publicidad de alimentos y bebidas no permitidos para las escuelas se hará acreedora a las sanciones establecidas en los artículos 171, fracciones I, inciso a) y II de la Ley General de Educación, así como 416, 417 y 422 de la Ley General de Salud.

La Ley General de Educación establece multas de entre cien y mil veces la Unidad de Medida y Actualización, revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios e incluso la clausura del plantel que permita la venta de dulces, refrescos, pastelillos, pizzas o frituras.

La Ley General de Salud contempla un abanico de sanciones que van desde la amonestación con apercibimiento, multas (que pueden ir hasta las 16 mil veces el salario mínimo general diario), clausura temporal o definitiva del plantel y arresto hasta por 36 horas, con lo que se pretende presionar a las autoridades escolares a seguir al pie de la letra los nuevos lineamientos

Intentos infructuosos

En lo que va del presente siglo, el gobierno mexicano ha intentado en seis ocasiones erradicar o al menos reducir la presencia de comida chatarra en las escuelas, debido a su relación con la obesidad infantil y otros problemas de salud pública como la diabetes y la hipertensión, que generan al Estado gastos que ponen en riesgo las finanzas públicas.

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Sin embargo, estas iniciativas han tenido diferentes grados de éxito y resistencia, tanto de las autoridades locales como de las empresas productoras de alimentos ultraprocesados.

En 2004, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, se introdujeron modificaciones en la Ley General de Salud, que incluían la regulación de la venta de alimentos dentro de las escuelas.

Aunque el objetivo era mejorar la nutrición de los estudiantes, no se estableció una prohibición directa de los alimentos ultraprocesados, sino que se alentó el consumo de productos más saludables.

Este esfuerzo no tuvo el impacto esperado, ya que no se implementaron mecanismos estrictos para supervisar y hacer cumplir las normativas.

En 2010, ante el crecimiento alarmante de la obesidad infantil en México, algunos estados del país comenzaron a tomar medidas más estrictas de manera independiente.

Gobiernos estatales prohibieron la venta de alimentos chatarra en las escuelas, pero sin lograr un alcance federal. Esta acción surgió como respuesta a la creciente preocupación de padres de familia y organizaciones civiles por los efectos de la mala alimentación.

En 2014, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se estableció el Sistema de Etiquetado Frontal Nutricional como parte de las reformas en materia de salud pública.

Esta medida no estaba directamente orientada a la prohibición de la comida chatarra en las escuelas, pero sí a mejorar la información nutricional de los productos alimenticios, lo que a su vez influiría en las decisiones de compra dentro y fuera de las escuelas.

Aunque la medida fue bien recibida por la comunidad científica y de la sociedad civil, este etiquetado no abordó específicamente la venta de productos en las escuelas, donde millones de estudiantes son consumidores cautivos de productos que rebasan los límites tolerables de azúcar, sal, harinas y grasas saturadas.

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Fue hasta 2016, cuando se implementaron regulaciones más estrictas sobre la venta de alimentos chatarra en los entornos escolares. A través de la Comisión Nacional contra la Obesidad, se promovieron lineamientos para reducir el consumo de productos con alto contenido calórico y ultraprocesados.

No obstante, estas medidas fueron dirigidas a las escuelas públicas y no eliminaron completamente la venta de comida chatarra. Además, en muchas escuelas se seguían vendiendo estos productos debido a la falta de supervisión efectiva.

En 2018, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se lanzó una política más agresiva a través de la Estrategia Nacional por una Vida Saludable en las Escuelas, que incluyó la prohibición explícita de la venta de productos ultraprocesados en todas las escuelas públicas y privadas del país.

En 2020 se dio un nuevo impulso a la estrategia, esta vez apoyada por las políticas de etiquetado frontal,restricciones en la publicidad de productos no saludables dirigidos a los niños, y la promoción de alimentación saludable en las escuelas.Las cooperativas, jugador clave

Para las organizaciones civiles que han dado seguimiento al tema de la alimentación en las escuelas, la supervisión de los lineamientos va a ser un factor clave para que la nueva estrategia contra la comida chatarra rinda frutos.

También señalan que es necesario establecer con claridad qué funciones les corresponden a las mesas de padres de familia, a las mesas directivas de las escuelas y a las autoridades educativas para monitorear el desempeño de las cooperativas, el suministro de agua potable y la capacitación a los proveedores de servicios de comedor.

“Un aspecto clave en el que se tendrá que avanzar es el monitoreo de lo que sucede con las cooperativas, porque sabemos que en muchas escuelas la presencia de productos chatarra sigue siendo una constante, no solamente afuera, sino adentro”, opina Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

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Integrante de la iniciativa Mi Escuela Saludable, Ramírez Hernández recordó que la Ley General de Educación prohíbe que haya presencia o publicidad de alimentos chatarra en un radio de 600 metros alrededor de los planteles escolares, por lo que será crucial que autoridades educativas y padres de familia vigilen que se cumpla esta disposición.

La directora ejecutiva de Redim admitió que el éxito de la estrategia dependerá de que, además de prohibir los productos nocivos, también se den alternativas. Una de ellas, sugiere, es animar a la industria alimentaria a caminar hacia la innovación.

“Se debe animar a la iniciativa privada a dar pasos hacia la innovación. Decirles: ‘anímense a hacer productos que sean menos dañinos para niñas y niños’. Y ahí puede haber una condición de ganar-ganar”, expone.

Al respecto, Liliana Bahena, del Poder del Consumidor, hizo un llamado al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a comprometerse con la aplicación, supervisión y seguimiento a la estrategia, ya que la determinación del titular del sector es vital para el éxito de estas iniciativas.

“La SEP ha pedido acompañamiento a la sociedad civil, a UNICEF, a la Secretaría de Salud y otras instituciones para apoyarlos en el desarrollo de esta campaña, y muchos expertos han respondido al llamado, pero temo que el titular de la secretaría no pueda o no quiera implementar este tipo de esfuerzos y se quede de nuevo en el olvido”, alerta Bahena.

—¿Y por qué teme que Mario Delgado no haga el esfuerzo que se necesita?

—En primer lugar porque se ha comprometido con ciertas fechas para la implementación de los lineamientos, y no las ha cumplido. En segundo lugar, no sabemos cuánto tiempo pueda durar en el cargo; en la administración pasado hubo tres titulares de la Secretaría de Educación Pública y esa rotación interrumpe los esfuerzos e impide darle seguimiento a los proyectos.

Cuenta regresiva

El pasado 29 de enero se agotaron 120 de los 180 días que marca el acuerdo para que autoridades educativas, de salud y escolares realicen las adecuaciones necesarias y, a partir del 29 de marzo próximo, se prohíba la comida chatarra en las escuelas y se comiencen a ofrecer opciones más saludables de alimentación.

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La misión es titánica, ya que implica la participación de 258 mil escuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior del Sistema Educativo Nacional.

De acuerdo con información del secretario de Educación, Mario Delgado, 98 por ciento de las escuelas mantiene la venta de comida chatarra, 95 por ciento ofrece bebidas azucaradas, 79 por ciento expende refrescos y 25 por ciento tiene publicidad de productos ultraprocesados y con elevado contenido calórico.

Venta de comida chatarra en escuelas

98 por ciento venden productos ultraprocesados, 95 por ciento bebidas azucaradas y 79 por ciento refrescos

Esto confirma el diagnóstico ofrecido por Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), organización que desde hace una década tiene una campaña por alimentos saludables en las escuelas.

“Uno de los ambientes en donde los niños tienen mayor acceso a comida chatarra es precisamente los planteles escolares. Los niños se encuentran cautivos en estos espacios que son utilizados por las empresas procesadoras de alimentos para generar hábitos de por vida”, acusa la organización.

“Los alimentos y las bebidas que predominan en las escuelas no son recomendables y contradicen la información que existe en los libros de texto en los que se promueven el consumo de frutas, verduras, granos integrales y la hidratación con agua”, agrega.

ASA ha señalado públicamente que desde hace dos años se lanzaron lineamientos en México para regular el tipo de alimentos y bebidas que pueden ofrecerse al interior de los planteles escolares.

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Sin embargo, “la versión original de estos lineamientos fue modificada por la presión de las empresaspermitiendo que se sigan ofreciendo productos altamente procesados y bebidas azucaradas”, destaca.

Según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2020-2023), 5.7 millones de estudiantes de 5 a 11 años presentan obesidad, lo mismo que 10.4 millones de 12 a 19 años, lo que significa que más de 16 millones de niños, niñas y adolescentes están en la mira de la estrategia que será lanzada por la presidenta Claudia Sheinbaum en los próximos días.

En México, el número de personas que viven con diabetes ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, un fenómeno atribuido en buena medida al consumo de alimentos poco saludables.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición refiere que en el año 2000, 5.3 millones de personas vivían con diabetes, mientras que para el año 2022 está cifra estuvo cerca de triplicarse, con 14.6 millones de personas. De ellos, al menos 600 mil son niños y adolescentes de entre 5 y 19 años.

Esta cifra incluye tanto la diabetes tipo 1, que es la más común en la infancia, como la diabetes tipo 2, que ha ido en aumento entre los más jóvenes, especialmente debido a factores como el sobrepeso, la obesidad y los malos hábitos alimenticios, lo que incluye el consumo de bebidas y alimentos azucarados.

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El costo del tratamiento de la diabetes es una carga económica insostenible para el sistema de salud mexicano. 

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los gastos anuales en tratamiento y complicaciones derivadas de la diabetes superan los 50 mil millones de pesos.

Salud pública vs iniciativa privada

Es inevitable que las empresas que producen refrescos, jugos industrializados, pan dulce, pastelillos, leches saborizadas, frituras, caramelos y galletas se sientan afectadas por una iniciativa que busca proteger la salud de millones de estudiantes.

La ASA ha documentado que existe una sólida evidencia científica que comprueba que la fórmula que predomina en los productos que se ofrecen en las escuelas y los que se publicitan, en especial a la infancia, genera adicciones desde temprana edad.

“Una vez que los alumnos se acostumbran al consumo de bebidas y alimentos altamente endulzados, difícilmente consumen agua o alimentos saludables, aunque estén disponibles. Se ha observado que los productos chatarra tienen un carácter competitivo con los productos naturales, es decir, su consumo tiende a desplazar el consumo de alimentos naturales”, señala la organización.

El portal miescuelasaludable.org cuenta con una herramienta que permite a los usuarios denunciar públicamente a las escuelas que permiten la venta de alimentos chatarra en los planteles escolares.

Desde 2014 a la fecha se han recibido 38 mil 109 reportes sobre comercialización de alimentos y bebidas no permitidos en un total de 21 mil 514 escuelas. La base de datos arroja que los ciclos escolares en los que se acumularon más reportes fueron 2022-2023 (13 mil 536 denuncias en 9 mil 391 planteles) y 2023-2024 (15 mil 4656 denuncias en 10 mil 726 escuelas).

Entre las organizaciones civiles hay un debate sobre la forma en que se deben interpretar estos datos: los más optimistas aseguran que hay mayor conciencia y participación ciudadana sobre el problema de la comida chatarra en el entorno escolar; los más pesimistas lo ven como un reflejo de que cada vez hay mayor permisividad con la industria alimentaria.

Otro factor decisivo en el éxito o fracaso de la estrategia de la presidenta Sheinbaum será la capacidad del gobierno para dotar de agua potable a los planteles, una carencia que se agravó después de la pandemia de Covid-19.

“Si bien es cierto nunca hubo un cumplimiento cabal de los primeros lineamientos, al pasar los años la situación se agravó; nosotros tenemos identificado que después de la pandemia por coronavirus y el regreso a las clases, hubo un agravamiento del ambiente alimentario”, expone Liliana Bahena, de El Poder del Consumidor.

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“No hay acceso al agua potable, tampoco hay acceso a frutas y verduras; después de la pandemia sí se puede hablar de una transición a los productos ultraprocesados, si bien siempre lo ha habido, ahora lo vemos un poco más fuerte”, añade.

Para superar el problema de que sólo dos de cada 10 escuelas a nivel nacional tienen acceso a agua potable, la organización propone que se etiqueten los recursos obtenidos por concepto de impuesto a bebidas azucaradas para canalizarlos a la instalación de bebederos en las escuelas.

Jorge Salcedo , Atzayacatl Cabrera , Juan Pablo Reyes , Juan Carlos Rodríguez | El Sol de México