La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur realiza una serie de investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios de administraciones del estado, actualmente, el extesorero de Los Cabos, Martín Talamantes, fue vinculado a proceso.
Esto fue por haber pagado 14 millones de pesos a una empresa que fungiría como intermediaria en la contratación de un préstamo a corto plazo para el Ayuntamiento de Los Cabos, pero la compañía nunca realizó un trámite en instituciones bancarias a favor del Gobierno Municipal.
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Por el mismo delito, es investigada la actual diputada del Partido del Trabajo (PT), Alondra Torres. En octubre de 2022 fungía como síndica del Ayuntamiento de Los Cabos que encabezaba el entonces presidente municipal Óscar Leggs Castro, cuando se realizó la contratación por los 14 millones de pesos, por lo anterior, autoridades judiciales señalan la posibilidad de que en los próximos meses se solicite el desafuero de la legisladora.
En ese tenor, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, detalló que es posible realizar el desafuero de la diputada Alondra Torres, ya que la carpeta de investigación está judicializada y una vez obtenido el auto de vinculación el siguiente paso es solicitar el desafuero, “ya estamos por llevar a audiencia inicial”, mencionó.
Por el delito de abuso de autoridad por simulación, el exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, solicitó un amparo por una orden de detención girada supuestamente en su contra, esto en medio de intentos de vincularlo a proceso.
Al respecto, el fiscal anticorrupción señaló que dicho amparo no lo protegería contra la audiencia inicial programada para el sábado 18 de enero, (al cierre de esta edición, a las 19:00 horas del viernes 17, el panorama era el mismo), cabe destacar que en tres ocasiones el exalcalde ha evadido la audiencia inicial por problemas de salud.
“Por lo que respecta a la situación jurídica de imputado Oscar “N”, persona relacionada en los mismos hechos, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional el sábado 18 de enero del 2025 a las 11:00 horas, en la sala de oralidad número 1 en donde en audiencia pública el Juez de Control del Partido judicial de San José del Cabo, resuelva su situación jurídica”.
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La XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur que fungió de 2021 a 2024, llevó a cabo los dos primeros desafueros en la historia legislativa de la entidad, el primero contra el entonces diputado de Morena, Juan Pérez Cayetano, y el segundo contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Elías Camargo, los dos hechos por denuncias de abuso y acoso sexual, respectivamente.
18 exfuncionarios de la administración anterior encabezada por la expresidenta municipal Paola Cota Davis, han sido citados a comparecer, lo anterior lo dio a conocer la alcaldesa de Loreto, Paz Ochoa Amador.
La munícipe de la capital de las californias detalló que se les pedirá que aclaren dudas respecto a la situación de algunas áreas del Ayuntamiento de Loreto que permaneció bajo la administración de los exfuncionarios de 2021 a 2024. “Cuentas claras, saber de dónde estamos partiendo y que le queremos dejar a nuestros loretanos en tres años más”, puntualizó la alcaldesa.
La administración municipal de Iliana Talamantes Higuera, heredó al actual alcalde de Comondú, Roberto Pantoja Castro, una deuda que asciende a los 700 millones de pesos, “recibimos una administración muy dañada, con una deuda de 700 millones de pesos”, apuntó.
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Pantoja Castro aclaró: “No estamos de acuerdo con lo que recibimos, sobre todo en el sobreprecio de obras, que es exageradamente dañino para el desarrollo del municipio”.
En octubre de 2024, Pantoja Castro detalló que se prepara una denuncia para presentar ante la unidad anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR); Explicó que encontró obras sobrevaluadas hasta en un 200 por ciento de sobreprecio por lo cual “será la Fiscalía General de Justicia la que determine si existe o no delito que perseguir”, apuntó el alcalde
Por la presunta responsabilidad en el delito de peculado, malversación de fondos públicos y quebranto al patrimonio estatal, fue detenido el 24 de mayo de 2012 el exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño (2005-2011) abanderado por el PRD, en un hotel de Monterrey, Nuevo León.
Agúndez Montaño fue inhabilitado el 28 de octubre de 2011 por la venta de siete terrenos del gobierno del estado en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, a un precio inferior al del mercado, lo que causó un quebranto de 27 millones 973 mil 800 pesos, según el expediente CGE/065/2011, integrado por la Contraloría General del Estado.
El 6 de diciembre, la contralora del estado, Maritza Muñoz Vargas, dio a conocer la inhabilitación del exgobernador, del ex secretario general de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez, y del ex oficial mayor, Juan Garibaldo Romero Aguilar, para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público durante seis años.
La contraloría explicó que el 17 de junio recibió una denuncia del director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra, José Refugio Carrillo, contra los ex funcionarios referidos por presuntas irregularidades administrativas.
El 14 de diciembre de 2012 el exgobernador obtuvo libertad bajo fianza, tras pagar más de 30 mil pesos, Agúndez Montaño permaneció alrededor de siete meses en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Paz.
En la actual administración del Gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, la Procuraduría General de Justicia del Estado logró una condena contra Ulises “N” por peculado en agosto de 2022, tras desviar 467 mil pesos cuando era titular de la Oficina Recaudadora de Rentas en Santa Rosalía, el imputado huyó a Nayarit para evadir la justicia, donde fue aprehendido y vinculado a proceso el 31 de mayo de 2023.
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Además, el 1 de febrero de 2024 se cumplimentó una orden de aprehensión contra un exfuncionario del Instituto de Vivienda (INVI) del estado, Javier “N”, quien estaría relacionado con el delito de peculado, es decir uso indebido del recurso público por el orden de 55 millones de pesos.
Karina Lizárraga|El Sudcaliforniano