Una de las plantas de Prime Wheel inició operaciones parcialmente después de pagar una multa al municipio, de acuerdo con Alejandro Arregui Ibarra, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en Baja California.
Mencionó que el pasado martes por la tarde le informaron que la empresa pagó la multa, pero hasta este miércoles desconocía cuál de las dos plantas clausuradas volvió a operar.
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“Hasta este momento no tenemos información de cuál, ni cuál es el estado de esa apertura, pero vamos a continuar nosotros nuestro proceso”, añadió.
El funcionario estatal detalló que la multa pagada al gobierno municipal fue de 10 millones de pesos aproximadamente.
También señaló que desconocía si una de las facultades y competencias del municipio es permitir el reinicio de operaciones en la fábrica.
El pasado jueves 31 de octubre, Arnulfo Guerrero León, secretario de Gobierno municipal, mencionó que el monto de la multa sería determinado en función de la gravedad de los documentos que le faltaban a la empresa.
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Explicó que el Ayuntamiento también había solicitado los permisos de operación y el permiso otorgado por la Dirección Municipal de Bomberos.
Las plantas 1 y 2 de Prime Wheel fueron suspendidas temporalmente desde el martes 22 de octubre por irregularidades en seguridad e higiene, luego de la muerte del trabajador Eduardo Ortiz Franco, prensado por una máquina.
El titular de la STPS explicó que al gobierno estatal le corresponde continuar con la inspección al cumplimiento de las condiciones generales del lugar de trabajo, mientras que a la Secretaría del Trabajo a nivel federal la seguridad e higiene de las plantas.
Además, dijo que inició el procedimiento de declaratoria de beneficiario para iniciar con el trámite de indemnización a la familia de Ortiz Franco.
“2.5 millones de pesos era el monto aproximado, eso lo determina el IMSS”, destacó Arregui Ibarra.
Sobre el caso de la desaparición de Servando Salazar Cano el 23 de agosto, también en Prime Wheel, el secretario mencionó que la Fiscalía General del Estado (FGE), realizó la judicialización de la carpeta de investigación.
Giovanny Urenda | El Sol de Tijuana