Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto directo violenta los compromisos asumidos por México a nivel internacional.
“Se ha dicho también, que la reforma judicial, al establecer la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violenta e incumple compromisos internacionales asumidos por México”, declaró en la Conferencia Anual de la International Bar Association (IBA) 2024.
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Además, se ha escuchado en varias ocasiones, que tal reforma judicial reduce la probabilidad de que los mejores perfiles ejerzan la función jurisdiccional, comentó.
“Personalmente, y asumiendo la enorme responsabilidad de ser la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, he sostenido, una y otra vez, y con el mayor énfasis posible en fechas recientes, que la justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales”, manifestó la ministra.
“La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno”, declaró la abogada.
Agregó que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial. “Reformar al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática”.
La presidenta de la SCJN reconoció que se necesita una reforma una integral, la cual fortalezca a todo el sistema de justicia y sus actores clave, a fin de brindar un mejor servicio a la sociedad, de forma pronta y expedita.
“Si nuestro sistema de justicia no cuenta con cimientos sólidos, no importa cuántas
modificaciones se implementen, la estructura eventualmente cederá”, afirmó Norma Piña.
Señaló que la independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas.
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La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura.
“La democracia constitucional implica gobernar una comunidad de ciudadanos en libertad; es un todo de mayorías y de minorías; que debe garantizar los derechos fundamentales, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos del ser humano”, concluyó.