De llevarse a cabo las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés manuel López Obrador tal y como están planteadas y tener una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, México tendría que enfrentarse a un escenario económico, financiero y de negocios adverso, advirtió el IMEF.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) previó que esta situación debilitaría la confianza en las instituciones y en la seguridad jurídica, lo que generaría un ambiente de pérdida de confianza para los inversionistas.
Manifestó su preocupación por las consecuencias económicas y financieras que implican la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, la aprobación de la reforma judicial tal y como está planteada, así como la eliminación de los órganos autónomos en México.
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En el caso de la sobrerrepresentación, expuso que traería, entre otras consecuencias, la posible concentración de poder y el debilitamiento del equilibrio de poderes, cuando lo que se requiere es un sistema democrático equilibrado, justo y transparente donde el poder esté distribuido para proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Sobre la reforma al Poder Judicial –que incluye, entre otros temas, reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la elección de los jueces por voto popular–, consideró que disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas.
Ello, apuntó, debido, entre otros factores, a la incertidumbre en el proceso de designación de los jueces, así como a la posible politización en las designaciones, lo que abriría la puerta para que los jueces pudieran enfrentar presiones externas que puedan comprometer su independencia e imparcialidad.
Señaló que dicha reforma requiere, cuando menos, garantizar un poder Judicial con todas las garantías de imparcialidad e independencia, por medio de un proceso de nombramientos adecuado, libre de presiones externas donde los perfiles profesionales más competentes prevalezcan con estabilidad en su encargo.
Subrayó que también se necesita dar certeza para los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse frente a actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados que vulneren sus derechos.
Asimismo, abundó, seguridad para los inversionistas de tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole.
El IMEF también se refirió a la eliminación de los órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
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Aseguró que tendría graves consecuencias para la economía y la confianza de los inversionistas, porque se dejaría de contar con organismos técnicos especializados necesarios para evitar la intervención gubernamental sesgada que altere decisiones técnicas de libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano.
Reiteró que de concretarse las reformas constitucionales tal y como están planteadas y tener una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, habría un entorno desfavorable para la competencia y la innovación que podría ocasionar pérdida de competitividad en los mercados internacionales.
Asimismo, podría ocasionar incertidumbre en los mercados financieros y disminuir la posibilidad de que llegue nueva inversión extranjera directa, con el consecuente incremento de los riesgos financieros de las empresas y del país, lo que impactaría en la estabilidad y crecimiento económico.
También previo que cabe la posibilidad de perder el grado de inversión, “propiciando una mayor volatilidad en el tipo de cambio y dificultades en la capacidad de financiamiento, tanto del país como de sus empresas, al aumentar la tasa de interés y reducir los plazos de financiamiento de manera importante”.
Con la desaparición de los órganos autónomos se generaría un aumento en los costos de transacción y una disminución en la eficiencia económica.
Lo anterior reduciría o eliminaría la oportunidad que representa el nearshoring al frenar o retrasar las inversiones que requiere México para crecer por arriba de 2.0 por ciento del PIB.
El Instituto refirió este año, las finanzas públicas presentarán un déficit de aproximadamente 5.9 por ciento, que traerá como consecuencia un margen de maniobra limitado en el presupuesto de 2025 y en los siguientes años; por lo tanto, se requiere de la inversión privada como motor principal para el crecimiento económico.
Por lo anterior, el IMEF insta al Congreso de la Unión a reconsiderar los temas expuestos en el planteamiento de la Reforma Judicial y mantener la autonomía e independencia de los órganos autónomos para garantizar la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones para fomentar la inversión y el crecimiento económico.
“Es importante que se tomen las medidas para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia, la rendición de cuentas, así como la libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano para asegurar la estabilidad y crecimiento económico que permita contribuir a disminuir la desigualdad y pobreza”, puntualizó.