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Ampliar los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa es un retroceso en la protección de los derechos humanos: Coparmex

En algunos delitos, podría usarse con objetivos políticos

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Ante la reciente propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución, que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que se vulneran los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia.

La propuesta, presentada el 5 de febrero pasado como parte de las iniciativas del Ejecutivo federal, fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 13 de agosto de 2024.

Entre las modificaciones aprobadas se incluye la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión, entre otros, y una reserva presentada por el diputado Leonel Godoy para aplicar la norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas.

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En ese sentido, el organismo patronal manifestó su preocupación por el impacto potencial de esta reforma, pues consideró que representa un retroceso en la protección de derechos humanos.

Expuso que incluir el delito de defraudación fiscal en el catálogo de delitos sujetos a PPO puede resultar en un uso indebido de esta figura, mientras que la adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el juicio de amparo, y restringe la capacidad del ministerio público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas.

“Esta reforma no solo vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también establece un precedente peligroso al ampliar el uso de la PPO sin el debido análisis de cada caso concreto”, enfatizó.

Ante ello, la Coparmex reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, principios esenciales en cualquier estado democrático.

Se comprometió a seguir analizando en profundidad el impacto de esta reforma y convocar a expertos en derecho penal y constitucional para evaluar de manera integral la reforma que será presentada al Senado de la República para su reflexión previa a la discusión en el Pleno.

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