MORELIA, Michoacán. A dos años de la presunta compra de un software para el Congreso de Michoacán por más de cinco millones de pesos, el diputado de Morena, Fidel Calderón Torreblanca reiteró que no hubo hay ningún fraude ni tampoco se han fincado responsabilidades a los legisladores por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sobre lo sucedido con el software a dos años del escándalo al interior del Congreso, Calderón Torreblanca señaló que en las investigaciones que realiza la Fiscalía no hay ninguna responsabilidad hacia ningún diputado e incluso rechazó que hayan sido llamados para dar su testimonio.
“Hasta ahora no hay nada, hay quienes usan las denuncias como una estrategia política y creen que presentando denuncias crecen puntos ante la ciudadanía”, refirió el diputado de Morena.
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El consejero estatal del partido guinda en Michoacán aseguró que ninguno de los diputados locales compró nada en la 75 Legislatura, “ni siquiera un clip”, ante lo cual insistió que no observa ningún argumento válido para que sea convocado por las autoridades de procuración de justicia ante un software que nunca se adquirió.
En abril de 2022, los diputados de Morena en el Congreso local, Juan Carlos Barragán Vélez, Eréndira Isauro, así como Julieta García Zepeda presentaron la denuncia penal ante la FGE contra quien resulte responsable por los delitos de coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades ante las presuntas irregularidades financieras para la adquisición del software.
La denuncia penal se presentó debido a que, según el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán, gastó cinco millones 460 mil 387 pesos para la compra del software que se utilizaría para implementar la contabilidad gubernamental y que se realizó en el último trimestre del 2021.
Sin embargo, este mismo sistema se adquirió en 2017 y tiene vigencia hasta el 2022 pese a que nunca se ha clarificado su existencia dentro del Congreso estatal.
Los tres diputados que demandaron a quien resulte responsable de la adquisición y que en su momento fue señalado Calderón Torreblanca, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Dicho software se compró a sobreprecio, sin licitación correspondiente y en “secreto”, porque supuestamente a los integrantes del Comité de Administración y Control del Congreso no se les informó sobre la compra.