HERMOSILLO, Sonora. Luego del reciente el atentado contra el periodista Federico Hans, en Caborca, representantes de organizaciones civiles, comunicadores y activistas sonorenses exigieron una política pública a nivel estatal que contemple acciones de prevención y protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
En el país se acumulan más de 20 asesinatos este año contra profesionales de la comunicación, así como otro número importante de defensores de los derechos y las causas sociales, exponen que es urgente alzar la voz para que se actúe en consecuencia por parte de los gobernantes.
En el documento firmado por líderes de los colectivos Buscadores por la Paz Sonora; Guerreras Buscadores de Cajeme; Incidencia y Creatividad, Centro de Análisis y Defensa de Derechos, integrantes de Article 19, así como reporteros y medios de comunicación, se sumaron a la iniciativa encabezada por Iniciativa Sinaloa A.C. para elaborar un desplegado:
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“Los más de 20 asesinatos de periodistas en tres años en México, junto con los homicidios de numerosas personas defensoras de derechos humanos, y todas las agresiones documentadas por medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, nos urgen a pronunciarnos a favor de una política pública a nivel estatal que funcione como un conjunto de acciones de prevención y protección tanto para periodistas como para defensores de derechos humanos“.
Un total de 66 activistas y periodistas cuentan con protección
Según reportes del Mecanismo Federal de Protección, 66 personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo del estado de Sonora cuentan con medidas de protección por parte de esta entidad federal.
“El reciente intento de asesinato del periodista Federico Hans Hagelsieb en Caborca, Sonora, es un nuevo llamado de alerta roja en la entidad. Esta agresión forma parte de una tendencia mayor de ataques armados en varios puntos del Estado, y nos advierten de la gran cantidad de personas armadas que habitan el territorio”, enfatizaron.
Asimismo, denunciaron que ese y otros acontecimientos anteriores aumentan el riesgo de cumplir con las funciones que realizan los grupos antes mencionados dentro de la sociedad sonorense, aunado a que el Mecanismo de protección federal, emanado de la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, es reactivo e insuficiente, al no garantizar la protección, mucho menos la prevención de eventos irreparables.
Cuestionaron que en esta entidad no se disponga de una Ley homóloga, ni con algún mecanismo o unidad de protección en funcionamiento que se coordine con el mecanismo nacional cada vez que se requiera.
Dentro de las propuestas que exponen está el presentar una iniciativa estatal de Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que incluya mecanismos de protección, con recursos suficientes, personal capacitado y espacios efectivos para la participación ciudadana.
Designar al menos una casa de seguridad para asistir a esos grupos en caso de amenazas; la creación de una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión y defensa de derechos humanos, con autoridades autónomas y perfiles aptos, entre otras.
