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Un Tribunal Colegiado ordena indemnizar a un ejido expropiado para uso de Pemex

Declarar nulo el contrato, pues además se debió pagar hasta 10 veces más al ejidatario

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Tras considerar la existencia de vicios de consentimiento, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito declaró la nulidad de un “contrato de ocupación superficial” suscrito entre un ejido del estado de Jalisco y Petróleos Mexicanos (Pemex) para la ocupación temporal de tres hectáreas.

Debido a ello, determinó tramitar la expropiación y realizar la indemnización correspondiente por toda la superficie materia de la ocupación.

En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que de acuerdo con el Tribunal Colegiado, el ejido sufrió un detrimento injustificado en su patrimonio al privársele del uso y disfrute de diez veces más de la superficie contratada.

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Ordenó al Tribunal Unitario Agrario dejar insubsistente la sentencia reclamada, determinar la existencia de vicios en el consentimiento durante la celebración de referido contrato de ocupación, y declarar la nulidad del mismo.

Refirió que el ejido quejoso demandó, en la vía agraria, la nulidad del “contrato de ocupación superficial” que celebró en 1997 con Pemex para la ocupación temporal de tres hectáreas, al observar que no se le dio lo justo.

Pemex pidió reconocérsele la servidumbre de hecho a perpetuidad sobre la porción de terreno que efectivamente utiliza, por ser un derecho de vía generado por la instalación de un ducto de transporte de petróleo, previsto en el Programa Nacional de Desarrollo, el Programa de Desarrollo Urbano y la Ley General de Asentamientos Humanos.

El Tribunal Colegiado estableció que, si bien la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad y su Reglamento establecen la posibilidad de celebrar contratos con miras a expropiar tierras por donde sea posible la instalación de un ducto de transporte de hidrocarburos, ello no implica una ventaja contractual para Pemex.

Se advirtió que el ejido quejoso sufrió un detrimento injustificado en su patrimonio y que no recibió asesoría de la Procuraduría Agraria, como lo mandata el propio Reglamento aplicable.

Tampoco se le informó que se ocuparía una extensión 10 veces mayor a la contratada por derecho de vía ni que se estableció una cláusula donde se fijó que el contrato continuaría indefinidamente de manera “automática” una vez transcurrido los primeros 30 años sin necesidad de alguna otra contraprestación, lo que evidenció que la ocupación de la superficie ejidal no fue temporal.

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