Los productores del campo morelenses afirman que los políticos son los nuevos Guajardos porque engañan a la gente

CUAUTLA, Morelos. “Los políticos son los nuevos Guajardos, porque así como Guajardo engañó a Zapata, ellos engañan a la gente y la están matando”, dijo Andrés Cosset en el punto más alto del cerro Piedra Encimada, en Chinameca, poblado de Ayala, Morelos, donde hace 105 años Emiliano Zapata fue asesinado.

En sus últimos minutos de vida, Emiliano Zapata se refugió en ese sitio junto a sus hombres. Cuando el general carrancista Jesús Guajardo le prometió cinco mil cartuchos para sus tropas, Zapata bajó con desconfianza.

Era una trampa, pero prefirió creer. Al llegar a la hacienda de Chinameca, los hombres de Guajardo tocaron el clarín tres veces, haciendo llamada de honor, y al apagarse la última nota abrieron fuego.

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Las huellas de las balas todavía son visibles: quedaron grabadas en el dintel de la hacienda. Quienes visitan Chinameca suelen detenerse aquí a tomarse fotografías junto a la estatua que muestra a Zapata atravesando el umbral en su caballo y luego suben el cerro, como si algo de aquel hombre se hubiera quedado aquí. Como si, al subir, el tiempo corriera de reversa hasta aquel 10 de abril.

A 105 años de la muerte de Zapata, Andrés Cosset, integrante de la Junta Soberana de Anenecuilco, que en febrero pasado firmó el Plan de Anenecuilco, asegura que la revolución zapatista está inconclusa:

Las condiciones sociales del pueblo de México no han cambiado mucho. Hay millones de pobres que no están hablando de que los principios fundamentales de la revolución se hayan materializado. Hay desempleo, falta de vivienda y acceso a la canasta básica.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2022 había 46.8 millones de mexicanos en situación de pobreza, lo que representa el 36.3 por ciento de la población total del país.

Actualmente, el campo enfrenta varios problemas: altos costos de producción, con un aumento de más del 300 por ciento en el precio de los fertilizantes, una elevada inflación, sequía, falta de apoyos, baja productividad y elevadas desigualdades.

Tras uno de los periodos más convulsos que ha vivido México, organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) surgieron como una realización de los ideales zapatistas, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus miembros y promover la productividad agrícola.

Pero en la práctica, hay quienes consideran que estas organizaciones, y esencialmente sus líderes, se han convertido en los nuevos caciques de los cultivos de caña, estableciendo cuotas que dejan a los productores prácticamente en la quiebra.

“Aquí tengo varias copias de liquidaciones y preliquidaciones, y en este punto dice ‘otros gastos de cosecha’. Ocho mil novecientos ochenta y siete pesos, pero no te dicen cómo fue que se gastó ese dinero”,

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Leal muestra los papeles como una prueba de la triste realidad que enfrentan las personas que están en la parte más baja de la pirámide de la producción cañera, la base de una estructura que anualmente produce más de dos millones de toneladas de azúcar, con un valor de producción de casi dos mil millones de pesos, dos ingenios y asociaciones civiles a las que hay que seguir rindiendo cuentas.

“Por quemar mi caña antes de tiempo me cobraron 10 mil pesos de castigo”, agrega Domingo, quien está convencido de que el campo morelense requiere de otra revolución.

Por si esto fuera poco, la producción de caña en Morelos enfrenta un nuevo problema, especialmente después de que se diera a conocer que el ingenio de Casasano, en Cuautla, fue blanco de la delincuencia organizada.

La información fue difundida por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien, en su homilía del 17 de marzo, aseguró que la delincuencia organizada pretendía cobrar 50 mil pesos por cada camión que ingresara al ingenio, lo que llevó a reforzar las medidas de seguridad dentro del complejo.

Andrés Cosset, Domingo Leal y Ana Burgos encabezaron la firma del Plan de Anenecuilco a principios de año. Lo hicieron en el Museo Casa Zapata, donde permanecen los restos de la casa que vio nacer al Caudillo, acompañados por una veintena de productores, repitiendo la frase que pronunciara aquel cuando firmó el Plan de Ayala: “El que no tenga miedo, que pase a firmar”.

El documento establece varias acciones que pretenden resolver los problemas sociales que enfrenta Morelos, principalmente la inseguridad, la falta de apoyo al campo y la corrupción.

a iniciativa, además, llama a enjuiciar al gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien ahora aspira a una diputación federal plurinominal, como responsable de una de las peores crisis de seguridad que ha enfrentado Morelos, con más de seis mil 460 muertes violentas en su mandato, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Édgar Castro Zapata, bisnieto de Emiliano Zapata, no va a asistir a ninguno de los eventos oficiales ni electorales a los que fue invitado este 10 de abril. El presidente de la Fundación Zapata, cuyo objetivo es mantener vigente el legado zapatista, ya sabe lo que ocurrirá ese día: discursos repetitivos parecidos a los que se pronuncian cada año, ofrendas florales en la estatua de la exhacienda, fotografías y promesas.

“Vamos a escuchar promesas, van a decir que se va a devolver la paz a los ciudadanos, que se hará justicia al campesino. Son discursos que quedan en el olvido”, dice el historiador, cuya visión coincide con la de aquellos que consideran que el gobierno no ha hecho justicia a la lucha zapatista.

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Para Castro Zapata, la conmemoración por el 105 aniversario luctuoso de su bisabuelo debe venir de la sociedad, no del gobierno:

“Sí es necesario conmemorar, reforzar la identidad y memoria del general en el marco actual que está atravesando Morelos, especialmente en el oriente, con un brote de inseguridad que nunca se había visto”.

Emmanuel Ruiz / El Sol de Cuautla