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La nueva ley laboral permite que la conciliación deje de ser letra muerta: Santamarina y Steta

Ahora ya no es un trámite en la Junta, sino una etapa previa para resolver las diferencias con mucho más profesionalismo

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Las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo permiten que empleados y patrones arreglen las diferencias con la conciliación, antes de llegar a juicios muy prolongados y costosos para ambas partes, dijo Álvaro Álvarez, experto en Derecho Laboral y Counsel de Santamarina y Steta.

El especialista de la firma legal expuso que antes de las reformas, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la etapa de conciliación era simplemente un trámite administrativo, pero ahora con el apoyo de servicios especializados, “se puede evitar que el proceso se judicialice y se vuelva desgastante”.

Recordó que el trabajador iniciaba el procedimiento directamente con una demanda laboral y un funcionario, incluso una mecanógrafa, le preguntaban si había posibilidad de solucionar el conflicto sin tener la capacidad ni técnica para llevar a cabo la conciliación, si las partes decían que no, se continuaba con el procedimiento para entrar al juicio.

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“Ahora ya no es un trámite en la Junta, sino una etapa previa para resolver las diferencias con mucho más profesionalismo. Con las nuevas disposiciones, para que un trabajador pueda presentar una demanda, tiene que primero acudir a los Centros de Conciliación, que dependen del poder Ejecutivo. Entonces, si no se logra la conciliación, se extiende constancia y ahora sí el proceso pasa a los tribunales del poder judicial”, precisó.

Álvaro Álvarez destacó el ahorro en recursos de tiempo y dinero para ambas partes cuando hacen conciencia de las ventajas de no llegar a tribunales y aprovechan las opciones de conciliación: salarios caídos, costos adicionales de las áreas de recursos humanos, abogados, litigios, pasivo contingente e incluso estallamientos a huelga.

“En Santamarina y Steta nos hemos topado con varios casos en los que los patrones no tenían un conocimiento real de las omisiones o hechos que generaron las demandas de sus trabajadores.

Ahora pueden contar con procedimientos de asesoría legal externa especializada que pueden resolver tempranamente las diferencias y que nunca se van a igualar en costos a un proceso de dos a cuatro años”, concluyó.

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