El presupuesto del Poder Judicial es acorde a las medidas de austeridad, asegura la presidenta de la SCJN

El proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) para el ejercicio fiscal 2024, que implicaría un aumento de 4.0 por ciento al aprobado para este año, considera ahorros y economías derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad, afirmó Norma Lucía Piña Hernández.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que el proyecto de presupuesto enviado para aprobación de la Cámara de Diputados tiene una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados.

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, expresó.

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En sesión pública solemne y conjunta de los plenos de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que la planeación de los recursos se construyó bajo los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez.

Expuso que de acuerdo a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el incremento solicitado sería de 4.0 por ciento respecto del presupuesto aprobado para 2023.

“Los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestro país”, refirió.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados y considera ahorros y economías derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad.

“El ejercicio de estos recursos de los mexicanos será, siempre, atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a los que nos obliga —a todos los funcionarios públicos— el artículo 134 de nuestra Constitución”, aseguró la ministra.

Destacó que en los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos, pues en el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto bajaron 15.4 por ciento en términos reales.

Sin embargo, aclara que “esto no ha sido obstáculo para que la Judicatura continúe sus esfuerzos para garantizar una mejor impartición de justicia y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión”.

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En cuanto al TEPJF, Piña Hernández expuso que el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular y que “ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral”.

En cuanto al presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura, la ministra presidenta informó que, derivado del incremento continuo en la demanda de justicia federal de los últimos cinco años, en 2024 se resolverán 1.3 millones de casos nuevos.

Asimismo, apuntó, también se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.

“Los recursos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal también habrán de destinarse al Instituto de la Defensoría Pública que representa jurídicamente y, sobre todo de manera gratuita, a los mexicanos, la mayoría de ellos en condiciones de vulnerabilidad.

La demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual que habrá de atenderse a través del fortalecimiento de las atribuciones del Instituto”, añadió.

Ante los 21 funcionarios del PJF en representación de los más de 55 mil servidores públicos que integran la Judicatura en nuestro país, Piña Hernández reiteró el compromiso del PJF con México.

“No sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”, puntualizó.