Hasta 30 años de cárcel pide el PAN para quien altere infraestructura que almacena gas natural en México

Con el prósito de castigar hasta con 30 años de prisión a quien manipule o altere infraestructura de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin consentimiento, el diputado panista Gerardo Peña Flores propuso modificar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) planteó adocionar la fracción III al artículo 8 de dicha ley para sancionar de 20 a 30 años de prisión y multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Ello, a quien manipule, interfiera o altere las válvulas, equipos o cualquier otra infraestructura de instalaciones que almacenen, distribuyan o administren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin el consentimiento explícito de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Lee: En la construcción del NAIM todo el combustible que ocupaban era del huachicol: AMLO

Guanajuato quiere producir un millón de vehículos al año

Leer más

Le doy a Xóchitl Gálvez mi apoyo para que encabece la alianza del PRI, PAN y PRD: Santiago Creel

Leer más

Sopa Fan’s: La primer sopa instantánea pensada para el consumidor mexicano

Leer más

Mundo Patitas propone esterilización para desaparecer los criaderos clandestinos de perros

Leer más

Querétaro es un destino turístico sustentable, asegura la secretaria de Turismo del Estado

Leer más

El documento, turnado a la Comisión de Justicia, con opinión de la de Energía, estima que fijar penas más severas para la intervención o daño de la infraestructura, puede ayudar a proteger la seguridad energética porque desalienta a las personas y organizaciones de participar en estas actividades ilegales.

También, puede permitir a los gobiernos recuperar de manera más rápida los costos de las reparaciones y las pérdidas económicas resultantes de estos actos.

Señala que de acuerdo a un informe de 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los costos directos e indirectos del robo de hidrocarburos, incluido el gas natural, ascendieron a miles de millones de dólares anualmente a nivel global, por reparación y mantenimiento, daños ambientales y pérdida de ingresos fiscales.

Peña flores expone que el robo y daño a la infraestructura de gas natural pueden tener graves consecuencias para la calidad de vida de las personas, la seguridad energética y la economía de un país, actos que también pueden interrumpir el suministro de energía y poner en peligro a las comunidades locales.

En algunos países, menciona, el robo de gas natural y daño a la infraestructura se penalizan con multas considerables y penas de prisión, pero en muchos otros son insuficientes para disuadir a los delincuentes.

“Un enfoque más estricto podría ayudar a proteger la infraestructura de gas natural y asegurar un suministro de energía más confiable”, expone.

De acuerdo con el legislador panista, el gas natural, al ser una fuente de energía más limpia en comparación con el carbón o el petróleo, puede contribuir significativamente a los esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que le considera una pieza clave en la transición hacia un sistema energético más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, además de tener un papel importante en la seguridad energética.

Lee: La detección de tomas clandestinas de combustibles aumentó 41% en Guanajuato

Subraya que los países que cuentan con un suministro abundante y seguro de gas natural están menos expuestos a las fluctuaciones de los precios del petróleo y pueden garantizar un suministro constante de energía para las necesidades domésticas y comerciales.

Por ello, es imprescindible fortalecer la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras de gas natural para asegurar su disponibilidad constante y segura, agrega.