Incorruptibles
Colectivo de abogados acumula 385 amparos contra el sector salud por falta de medicinas y fallas
El derecho humano a un disfrute de la salud, en el más alto nivel, es un tema consagrado en la Constitución .
En los últimos dos años, el colectivo de abogados Justicia que Transforma a México A. C., a favor de los derechos de la salud, interpuso 385 amparos relacionados con la falta de medicamentos, la omisión o negativa para ofrecer servicios médicos, malas prácticas operatorias o en trasplantes.
Algunos de ellos para demandar el cumplimiento de alguna de las 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que en la actualidad el gobierno propone cancelar, aseguró su vocero Guillermo Rivera.
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El colectivo, integrado por 61 despachos reconocidos del país, interpondrá antes de que venza el plazo para impugnar, el 22 de junio, un amparo para suspender los efectos de la publicación del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad 2023 del Gobierno federal, en el que se sugiere cancelar esas normas.
“Nuestra defensa es en favor de 57 millones de mexicanos, personas que tienen dificultad para acceder a la salud, y con la cancelación de las 35 Normas Oficiales lo que vemos es que los más afectados son los que menos tienen”.
Esto impactaría a los usuarios de servicios médicos como el Insabi (instituto que fue extinguido el pasado 29 de mayo), los que están pasando al IMSS-Bienestar, ISSSTE, quienes acuden a los servicios de las secretarías en los estados y a quienes no tienen seguridad social. “A todos ellos se les estaría negando la posibilidad de atenderse con piso parejo”, explicó el abogado.
Aunque el abogado Rivera Millán no descartó que la cancelación afecte, en alguna medida, a los 127 millones de mexicanos y a las y los usuarios de los servicios públicos y privados.
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Durante una entrevista con El Sol de México, explicó que el derecho humano a un disfrute de la salud, en el más alto nivel, es un tema consagrado en la Constitución y de alguna manera no hay debate ante los juzgados en el tema de la mínima calidad del servicio que se debe prestar, porque eso está reglamentado en esas normas y lineamientos.
“En los casos que nosotros tenemos, que puede ser una muestra significativa a nivel nacional, pocos tienen que ver con la norma, porque los jueces han llegado sólo a señalar la importancia de cumplir con el artículo 4 de la Constitución, pero a partir de esta situación sí se pudiera empezar a generar un debate del tema de la calidad del servicio”.
“Si el día de hoy un paciente exige un medicamento de cierta calidad se tendría que proporcionar, porque era la obligación. Si en la actualidad no existe esa obligación de calidad, vamos a empezar a generar el debate cuando a través de los amparos las personas tengan otro tipo de servicio o calidad diferenciada en los insumos o el servicio”, detalló.
“Lo que nosotros hemos visto es que hay un crecimiento en el reclamo por la vía de los amparos, porque es evidente la falta de medicamentos y atención al servicio”.
La evidencia del colectivo ubica a la Ciudad de México, San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz y Baja California como las entidades donde se registra el mayor número de casos o reclamos.
El vocero de Justicia que Transforma a México, (antes Justicia Covid), dijo que en el caso del amparo que pretende conseguir la suspensión del programa que propone cancelar las NOM de salud, la agrupación acreditará que son una asociación civil que tiene interés jurídico para la atención de los grupos vulnerables del país, por lo tanto, busca la protección de la población.
Lo que se pedirá al juez “es que se garantice estos estándares mínimos de servicio que manejan las normas que se van a cancelar”.
Rivera indicó que el amparo en contra de la cancelación de la norma permitiría que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador brinde certeza jurídica y renueve las Normas Oficiales Mexicanas de manera progresiva, para garantizar mejor atención y servicio.
Este diario informó en su edición de ayer que de prosperar la cancelación de las NOM en el área de la salud como anunció el gobierno de la 4T, los usuarios y la población perderían una herramienta para exigir que personas o instituciones brinden el debido servicio, según advirtió Alejandro Macías, quien fuera el zar en la atención de la pandemia por influenza.
Dijo que es falso el argumento en torno al artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el sentido de que si las NOM no se revisaban en cinco años se cancelaban automáticamente, porque se trata de un derecho a la salud.
En los últimos años, en el Congreso de la Unión se reportan hasta 148 exhortos al Gobierno federal para actualizar las normas de salud.
Una de ellas es la Norma 014, de 1994, sobre los lineamientos para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino.
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El 22 de febrero de 2022, con el voto unánime de la Comisión de Salud, incluidos los legisladores de Morena y luego en el Pleno, el Congreso aprobó un punto de acuerdo en el que “exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar de manera prioritaria la publicación de la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994”.
En ese entonces, la priista Silvana Beltrones relató que en diferentes momentos se presentaron propuestas para actualizar la norma, con el fin de beneficiar al creciente número de mexicanas que se enfrentaban a esa enfermedad.
De acuerdo con el documento, en julio de 2005 se presentó la modificación a la Norma Oficial NOM-014- SSA2-1994 que permitió pasar de una atención primaria a pedir la inclusión de la vacuna de VPH como una alternativa “sin precedentes para lograr la prevención y el control del cáncer cervicouterino”.
A pesar de que en su diseño participó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y de que se publicó en 2006 el proyecto de NOM en el Diario Oficial de la Federación, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización no se publicó la actualización y sólo se contaba con los siguientes 60 días naturales posteriores para hacerlo.
Al realizar ese exhorto, en particular los senadores encabezados por la presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Valdez Martínez, informaron que no se habían aceptado las modificaciones para la NOM-014-SSA2-1994 y pidieron un seguimiento al tema.
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