Seguridad
Colectivos de buscadoras reclaman a AMLO por promesas incumplidas y no dar resultados
Tan solo en Coahuila, de más de dos mil 500 desapariciones, solamente seis casos tienen sentencias en contra de los perpetradores.
“Nos ofreció (Andrés Manuel López Obrador) que cada tres meses nos daría resultados de la búsqueda de nuestros hijos e hijas desaparecidos”, pero no cumplió, dijo María Guadalupe Fernández Martínez, integrante del grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila.
De más de dos mil 500 desapariciones en Coahuila, solamente seis casos tienen sentencias en contra de los perpetradores, dice la madre buscadora, a quien no se le quiebra la voz ni tiene miedo, pese a que hace 14 años su hijo desapareció y después de 10 días de buscarlo fue expulsada de Coahuila por unos jóvenes adinerados que estaban, dice, claramente en contubernio con el crimen.
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“Pero no sabían que no íbamos a dejar de actuar”, aclaró. María Guadalupe es participante activa de uno de los colectivos que dio origen a la Red Nacional de buscadores de desaparecidos.
Lamenta que López Obrador esté enojado porque los familiares protestaron en una de las dos únicas reuniones que tuvieron en Palacio Nacional. Desde 2020 “no nos ha recibido”, dijo.
José Antonio Robledo, hijo de María Guadalupe desapareció en una carretera de Monclova. Durante su búsqueda aprendió de las peripecias que vivió en juzgados y tribunales, tuvo impactos en su vida familiar y vio las consecuencias a la salud mental de ella misma y de sus compañeras buscadoras.
Hace 12 años nacieron en Coahuila las protestas del 10 de mayo —Día de las Madres— para hacer visible la lucha de las mujeres que perdieron a sus hijos y familiares.
Señala que sus principales preocupaciones son no encontrar a sus desaparecidos y la falta de verdad y justicia, además de tener que aprender hasta a litigar para que las autoridades no le tomen el pelo.
También, dice, las madres buscadoras sufren amenazas, intimidaciones, y la revictimización contra quien desaparece.
“Todavía hay prejuicios”, acusó. “Si las hay (amenazas). Mis compañeras han sido intimidadas. En Coahuila hay un grupo de policías de la Fiscalía estatal que han llegado a sus casas a revisar si hay drogas. Es una cosa terrible, por eso yo no quiero exponer mi seguridad“.
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Reconoce que hay buena relación con algunas autoridades porque existen servidores públicos “sensibles y solidarios”, pero lo principal no se resuelve.
“No está mi hijo conmigo”. María Guadalupe lleva cinco años como la cara visible de la Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas ¡Verdad y Justicia! Como vocera de la marcha asegura que algunas colectivas van a ir a la conferencia mañanera del Presidente para insistir en ser escuchadas.
Aunque se espera una concentración de algunos miles, asegura que cada día hay menos por la falta de recursos, pero señala que habrá “marchas espejo en muchas ciudades”, porque en los últimos tres o cuatro años han nacido muchos colectivos en todo el país.
Salud mental
La otra cosa que le preocupa es el abandono de la atención a la salud mental de las familias de desaparecidos. “Trágicamente, la atención a la salud mental no está considerada en este gobierno”.
Los recortes presupuestales en las Comisiones de Búsqueda y la de Atención a Víctimas ocasionó que los familiares de desaparecidos dejarán de recibir atención por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría.
“Para buscarlos es fundamental ver, oír, tener una salud más o menos funcional. Pero estos años hemos padecido, la salud y la seguridad social es decadente, le restaron recursos cuando es tan importante en los grupos debido a la tensión, la presión, la desesperación, la depresión que nos afecta. Además, los ahorros de dinero se diluyen”, dijo.
En su experiencia como madre buscadora ha visto el cambio en las dinámicas de las desapariciones, pues hoy son mucho más las niñas y las adolescentes desaparecidas.
En 2005, 95 por ciento de las víctimas de desaparición eran hombres, pero ahora ellas son el 50 por ciento. “No sabemos adónde acudir, dónde pedir ayuda”, dijo.
Esta situación agravada en todo el país, según su criterio, ha provocado que hoy las jóvenes vean restringida su libertad, puesto que ya no pueden salir a ninguna parte sin estar en peligro.
Consideró importante que a la lucha delas buscadoras se hayan unido, solidariamente, muchas colectivas feministas.
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Su búsqueda
José Antonio Robledo, era un ingeniero civil, tenía 32 años. Apenas un año y dos meses antes de su desaparición fue contratado por Ica Fluor para trabajar en la planta de Altos Hornos de México en Monclova, donde se preparaba su relanzamiento con una inversión de dos mil millones de dólares.
Desapareció el 25 de enero de 2009.“Nos enteramos inmediatamente, por una conversación de él con su novia. Ella se dio cuenta cuando se lo llevaron, a qué hora, qué día, de donde, mientras se estacionaba para hablar”, dijo. “Se lo llevaron en un vehículo con placas del Distrito Federal”, añadió.
Explica que todos esos datos fueron clave, porque el pretexto de las autoridades fue no conocer los datos.
“A mi hijo se lo llevaron las Zetas. Hoy son 80 tomos de la investigación, hay declaraciones de testigos, de colaboradores, mucha información en esos tomos; se sabe que en la empresa se blanqueaban activos, la autoridad dejaba hacer, se hacía de la vista gorda”.
Dice que a los 10 días de que ella y su esposo emprendieron la búsqueda los echaron. “Llegaron a nuestro hotel dos jóvenes para amenazarnos y nos advirtieron que no podíamos decir nada, porque poníamos en peligro la vida de mi hijo. Eran dos empresarios, de clase media alta”, acusó.
Cuenta que durante dos años pensó que podía estar vivo. “Quizá dos años tuve la esperanza… Su recámara sigue puesta”. Ahora está dispuesta a encontrar su cuerpo, pero es muy difícil, porque, explica, que según informes de la Secretaría de Gobernación, hay 52 mil restos y cuerpos en los Centros de identificación Humana. Hoy, sin embargo, dice, “no vamos a dejar de buscar”.
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