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La compra a Iberdrola es un discurso ideológico y equivocado de una nueva nacionalización: Santamarina y Steta
No queda claro de qué forma participaría el gobierno en la operación anunciada de compra de las plantas de Iberdrola
Para Juan Carlos Machorro, abogado líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta, puso en la mesa diversas dudas sobre compra de 13 plantas de generación eléctrica de Iberdrola por 6 mil millones de dólares, a través de un vehículo de inversión nacional, aparentemente con participación del Fonadin, administrado por Mexico Infrastrucure Partners.
“No queda claro de qué forma participaría el gobierno federal en la operación anunciada ni en qué medida apoyaría el cierre financiero de la operación. Tampoco queda claro cuál sería el beneficio para el país al adquirir estos activos, más allá de abonar al discurso ideológico, y por cierto equivocado, de una nueva nacionalización del sector. Más bien se trata de una desinversión, que agrava la franca caída de inversiones en el sector”, dijo.
El especialista señaló que lo que sí queda claro en principio es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no sería propietaria de los activos. En su caso, solo serían operados por dicha Empresa Productiva del Estado. Contrario a lo que anuncia el Presidente de la República, no se trata de una “nueva nacionalización”.
Las actividades de generación se encuentran abiertas a la inversión privada y estas se realizan vía sociedades establecidas en el país, conforme a las leyes mexicanas. Es decir, el sector ya es nacional.
“Si lo que se pretende es dar la idea de que el sector se está estatizando, tampoco queda claro de qué manera se estaría dando dicha estatización, lo cual sería, en todo caso, nuevamente violatorio del marco constitucional y de los compromisos del país al amparo de tratados y acuerdos comerciales”, aclaró.
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Con los pies en la tierra
Para Juan Carlos Machorro, la realidad es más bien la de una empresa que está desinvirtiendo, tras haber sido la más acosada en el sector por parte de esta administración y una más de aquellas que han padecido las medidas adoptadas por el Gobierno.
“No hay nada que celebrar cuando una empresa desinvierte como resultado de un hostigamiento desde el gobierno en un sector que se encuentra abierto a la participación del sector privado y cuyos derechos adquiridos e inversiones deben respetarse a cabalidad en un Estado de Derecho”, subrayó.
El experto añadió además que el acuerdo de compra de las plantas de Iberdrola en nada abonaría a las consultas abiertas al amparo del T-MEC y al ambiente por demás enrarecido con nuestros socios comerciales en este y otros sectores.
Parecería que nuevamente estamos en presencia de un anuncio que pone en tela de juicio la sensatez en el uso de recursos públicos, con todas las consecuencias de derecho que ello implica.
“El país va en un camino franco a un déficit de generación de electricidad hacia el año 2025 cuando la demanda superará a la capacidad de generación de electricidad. En este contexto, no hace absolutamente ningún sentido disponer de recursos públicos para adquirir capacidad de generación ya instalada”, recordó.
Las prioridades de esta administración parecerían estar fuera de lugar cuando es urgente la instalación y puesta en operación de nuevas plantas de generación, idealmente en manos del sector privado.
En cambio, destina recursos y esfuerzos del sector público a proyectos de transmisión cuya insuficiencia ya está causando estragos.
“A reserva de contar con mayor detalle acerca de la estructura de la operación propuesta y del origen de los recursos, de confirmarse que sean públicos, lejos de ganar, el país seguirá perdiendo el rumbo al enfocarse en temas ideológicos y de agenda electoral de corto plazo”, comentó.
El especialista comentó que esta concentración de activos podría estar sujeta a la sanción por parte de la autoridad en materia de competencia económica y que, “lo que desde Palacio Nacional se celebra como una posición preponderante en el mercado relevante creciendo al 55 por ciento de la generación total podría no verse con buenos ojos desde un análisis serio de competencia económica”, concluyó.
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