Política
Hasta 5 años de prisión a quien promueva la discriminación, incluso 7.5 años si es funcionario público
Con la reforma al Código Penal Federal aprobada por la Comisión de Justicia del Senado de la República, quien promueva la discriminación, violencia u odio racial será objeto de sanción de dos a cinco años de prisión, y de hasta siete y medio si quien incurre en el delito es un funcionario público.
El dictamen aprobado por la comisión presidida por la morenista Olga Sánchez Cordero, plantea de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, para quien incite, difunda, promueva, publique, propague, transmita y justifique este acto.
Asimismo, para quien fomente de manera directa o indirecta ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza, de guerra, de apología al odio nacional, o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico.
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También para quien financie y realice actividades o propaganda que promueva la discriminación, violencia o el odio racial contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico.
Los senadores avalaron la misma multa para quien restrinja los derechos de la libre personalidad de cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, mediante la exposición e intimidación en medios cibernéticos o cualquier medio de comunicación.
De igual forma, para quien pertenezca, participe, colabore y ayude a organizaciones que promuevan la discriminación, superioridad, violencia o el odio racial en contra de cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico.
Los integrantes de la Comisión de Justicia respaldaron la propuesta para que al servidor público que cometa alguna de las conductas previstas en las fracciones anteriores, se le aumentará en una mitad la misma pena, además se le impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión y se le inhabilitará de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.
En el documento, los senadores destacaron la necesidad de establecer y tipificar un tipo penal en el Código Penal Federal, que prevea y sancione estas conductas, a fin de salvaguardar los derechos y libertades de las personas en apego al marco constitucional y en atención al marco internacional del que México forma parte.
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