Aumentan denuncias por acoso y hostigamiento sexual en instituciones del gobierno

De 2016 a diciembre de 2021, se presentaron mil 511 denuncias por hostigamiento y acoso sexual en instituciones gubernamentales, es decir, un promedio de cinco por semana. La mayoría han terminado con una sanción mínima.

De acuerdo con el informe más reciente del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en el año 2021, un total de 321 denuncias fueron presentadas ante Comités de Ética y 255 más ante el Órgano Interno de Control de 82 instituciones de la Administración Pública Federal (APF).

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Las denuncias ante los comités representan un incremento de 26 por ciento respecto a las registradas en 2020 y son las más altas en relación con cifras de años anteriores.

Por ejemplo, en 2016, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se denunciaron 50 actos de hostigamiento y acoso sexual, cifra que se disparó para 2021 (576 actas en total).

Las instituciones de salud y de seguridad, como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, encabezan las quejas por estos delitos que van en aumento en el país.

El hostigamiento sexual es una forma de violencia. “Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la (persona) frente al agresor, en los ámbitos laboral y/o escolar”, según la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El acoso sexual también es una forma de violencia. No existe subordinación y hay un ejercicio abusivo de poder.

En 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabezó la lista de entes con más denuncias por acoso y hostigamiento sexual (58), seis más respecto a las registradas un año anterior, mientras que la Secretaría de Marina sumó cuatro quejas más y llegó a 55.

Otras instituciones de salud con denuncias por hostigamiento y acoso sexual en 2021 son el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y el ISSSTE Delegación Regional Poniente. Las secretarías de Bienestar, de la Defensa Nacional, de Salud y de Relaciones Exteriores (SRE) también aparecen en la lista de las 10 instituciones federales con más casos de hostigamiento y acoso sexual reportados en los últimos años.

Desde besos a la fuerza, comentarios inapropiados, propuestas indecorosas, acoso en redes sociales, hasta golpes físicos y abuso sexual son algunos de los actos que algunas mujeres han denunciado ante esas instituciones.

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Apenas en diciembre pasado, el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Aguascalientes, Rodrigo Ramón Ortega, renunció luego de enfrentar al menos siete denuncias ante el Comité de Ética y el Órgano Interno de Control de la dependencia por acoso sexual y laboral contra igual número de trabajadoras de la Oficina de Pasaportes de ese estado.

La cancillería acumuló, entre enero y octubre de 2022, un total de 12 denuncias por estos delitos, cuatro más respecto a las registradas en 2020, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información presentada vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

“La construcción de mecanismos de denuncia y atención de este tipo de delitos en instituciones de gobierno son el resultado de la exigencia de las mujeres al Estado en su tarea de proteger su derecho a una vida sin violencia, en este caso, en el ámbito laboral”, dice Aimée Vega Montiel, integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

En entrevista con El Sol de México, la feminista agregó que cuando se cuenta con mecanismos como los que han sido adoptados en el país, (código de ética y ley general, por ejemplo), se detona una conciencia de las personas en situación de violencia sobre la gravedad del hostigamiento y del acoso sexual, que resulta en el incremento de las denuncias contra estos delitos.

Indica que existen instituciones públicas que inhiben a las personas en situación de violencia, con el fin de que no denuncien, en lugar de defenderlas y acompañarlas, lo que resulta en un nivel alarmante de impunidad.

De acuerdo con la información de Inmujeres, de las 321 denuncias registradas ante Comités de Ética en 2021, en 43 casos la persona denunciada fue instruida a restringir el contacto o acercamiento con la denunciante, en otros 31 fue reubicada o readscrita y esta misma situación aplicó para la persona denunciante, en 31 quejas. En ningún caso se menciona la suspensión o despido del agresor.

“La violencia contra las mujeres es sostenida por el Estado, en este caso por sus instituciones, es decir, promovida, a veces alentada, por sanciones mínimas”, afirma la especialista Vega Montiel.

Para combatir el hostigamiento y el acoso sexual en el gobierno, en febrero del año pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) incluyó en el nuevo Código de Ética los comportamientos que deben evitar los servidores públicos, entre los que se encuentran: realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo.

También pide a los funcionarios no tener contacto físico, sugestivo o de naturaleza sexual.

Como tocamientos, abrazos, besos o jalones, así como no hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona y llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales o al de alguna otra u otras personas.

Roxana González | El Sol de México

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