Rosario Lilián es una madre buscadora acechada y asesinada por el crimen organizado

CULIACÁN, Sinaloa. La tragedia comenzó hace tres años, cuando un grupo de individuos se llevó a su hijo sin dejar huella, y desde entonces Rosario Lilián Rodríguez Barraza lo buscó de manera incansable y en esa búsqueda fue asesinada en una región controlada férreamente por el crimen organizado.

La vida de esta madre buscadora estuvo entre la indolencia de las autoridades, que nunca la protegieron, y el acoso de las amenazas de los delincuentes.

Fuentes de seguridad aseguran que el municipio de Elota tiene una fuerte presencia de células de las facciones de Ismael Zambada, “El Mayo” y de “Los Chapitos”, grupos que conforman el Cártel de Sinaloa.

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En meses pasados se suscitaron hechos violentos, como el del 22 de mayo, cuando policías estatales se enfrentaron a un grupo armado en la comunidad de Salado, y detuvieron a cinco presuntos sicarios. Hace un año, pistoleros de “La Chapiza” se tirotearon con agentes en un concurrido bulevar.

En medio de esta violencia, Rosario buscaba a su hijo. Testimonios de integrantes del colectivo Corazones Sin Justicia, contaron que la última vez que ella recibió una amenaza fue el 19 de agosto pasado, cuando llegó una patrulla de la Policía Municipal de Elota con un sujeto vestido de civil que la increpó: “¿Qué tanto andaba buscándole, señora?”.

El episodio, según personas compañeras de Rosario, sucedió en un predio de Playa Ceuta, en la zona de los manglares, en donde encontraron ese día una narcofosa con restos humanos.

Para los colectivos de búsqueda de personas, este tipo de intimidaciones no tienen que pasar por alto, porque 11 días después de la escena, en la que estuvieron presentes policías locales, la defensora de derechos humanos fue asesinada.

“Si ya sabían, ¿por qué carajos no hicieron nada? Si saben que todas estamos amenazadas por andar buscando a nuestros desaparecidos”, cuestionó María Isabel Cruz Bernal, líder de las Sabuesos Guerreras, al hacer una protesta en Catedral horas después del crimen de Rosario.

En esa Playa de Ceuta no solo localizaron restos el 19 de agosto, también lo hicieron el 22 de julio, cuando las mujeres rastreadoras acudieron a excavar en la misma zona. Es decir, su lucha dio frutos en estas últimas semanas en que los criminales decidieron terminar con su vida.

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A Rosario Lilián le desaparecieron a su hijo Fernando Abixahy, de 20 años, un 16 de agosto de 2019, cuando sujetos en un vehículo blanco se lo llevaron. Fernando era de oficio jornalero, igual que ella, que hasta antes de morir seguía en las labores del campo para sostener a su familia. Desde que emprendió la búsqueda de su hijo, Rosario formó con otras mujeres el grupo Corazones Sin Justicia, aliados de otros colectivos de Mazatlán, con el que planeaban los rastreos en campo.

Según otras personas del colectivo de buscadoras, Rosario Lilián recibió una serie de amenazas, situación que hizo del conocimiento a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dirigida por Víctor Manuel Pérez, y a la subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno del estado.

Pero nadie le puso protección, ni el Mecanismo Federal que mostró por qué es tan criticado debido a su ineficacia para defender la vida de activistas y periodistas.

De acuerdo con testimonios de personas allegadas, Rosario denunció en junio pasado ante el colectivo Hasta Encontrarles, que el presunto responsable de la desaparición de su hijo había sido detenido en San Luis, Río Colorado, y la Fiscalía no quería concertar acciones para investigarlo.

Rosario Lilían se quejó en un video que grabó este proyecto: “Quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis, Río Colorado y la Fiscalía en Mazatlán me dice que no se puede hacer nada”.

De nueva cuenta, la autoridad fue omisa en ayudarla o protegerla. Hasta que el pasado 30 de agosto, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Desaparecido Forzado, decretado por la ONU, la señora fue víctima de las amenazas.

El martes 30 de agosto, Rosario no salió a buscar, se quedó en La Cruz de Elota donde residía con otro de sus hijos, para acudir a la misa en memoria de Fernando Abixahy y de otros desaparecidos del municipio.

Al salir de la Iglesia por la noche, caminó de regreso a su domicilio a unas cuadras, en la colonia Palos Blancos, pero fue antes de arribar a su casa en que sujetos a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban color blanca, se la llevaron a la fuerza. Eran las 9:10 de la noche.

Su familia reportó al 911, pero nunca llegó una patrulla de Elota, intentaron comunicarse con la Comisión de Búsqueda, con la subsecretaría de Derechos Humanos, pero nadie respondió. Dejaron sola a Rosario Lilián, como en los últimos años de su lucha.

La Fiscalía registró a las 11:59 la hora del reporte del hallazgo en la colonia Víctor Manuel Quintero, a la orilla de la avenida Manuel Pilar Abraham, a unas cuadras de su propio domicilio. El primer dictamen fue que presentaba marcas de atropellamiento.

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Rosario Lilián fue asesinada en los últimos minutos del Día del Desaparecido Forzado, dejando una causa pendiente, sin tener respuestas a su angustiado grito de desesperanza.

Mientras la agenda de las funcionarias y de las personas defensoras de derechos humanos es posar fotos, en eventos, en salones con aire acondicionado, donde se habla sin acciones concretas, afuera las madres buscadoras sufren amenazas y se encuentran en la indefensión, sostuvo Rocío Arely Avendaño Gálvez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activistas Sinaloenses (CMAS).

El mismo gobernador Rubén Rocha Moya admitió que Rosario ya había expresado sus temores, pero solo lamentó su crimen.

“Lamentablemente, ocurre esto con ella y se atemoriza la familia porque la forma en la que se hacen las cosas, ella ya había reportado a Derechos Humanos sus temores, entonces vamos a implementar un mecanismo para buscar que se haga la debida justicia”, dijo al ser cuestionado por los medios.

Tras el crimen, que tuvo impacto internacional y nacional, vino la repartición de culpas, pero la bomba de tiempo que representan las amenazas contra las personas defensoras ahí sigue, y ahora detonó en el sacrificio de Rosario en Elota.

Los colectivos de Sinaloa y de otras entidades, se unieron al reclamo al gobierno estatal, así como a la Fiscalía dirigida por Sara Bruna Quiñones, para que activen protocolos de protección, den con los responsables del feminicidio de Rosario y se haga justicia con la verdad.

Días antes del feminicidio de Rosario Lilián, detonó un escándalo al seno del recién creado Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, debido a la intención de allegarse de lujos y excesos presupuestales de la directora Jenny Bernal Arellano.

Al no llegar a consensos, tres de seis consejeros salieron a denunciar que la funcionaria, quien se queja de que todavía no recibe ni un solo peso para operar, quería un presupuesto para el 2023 de 29 millones de pesos en los que se privilegiaba una estructura “obesa” de 25 plazas para el organismo, sueldos altos que van de los 60 a los 20 mil pesos, así como camioneta con chofer y secretaria incluida.

Rubén Rocha Moya aseguró que no se le aprobaría ningún peso a la Dirección, que no estuviera sustentado y que no vaya dirigido a la protección. Foto: Facebook | Corazones sin Justicia

Los consejeros Alberto Morones, Griselda Triana y Rosina Ávila acusaron que pretendían gastarse más de la mitad del recurso solicitado a Gobierno y al Congreso, en la nómina, la cual la propuesta inicial era de 15 millones de pesos, ya con los impuestos incluidos.

En cambio, los consejeros inconformes alegaron que solamente pretendían asignar 6 millones de pesos a medidas de protección.

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No vamos a ser comparsas de un instituto que se pretende chambista”, acusó Morones, quien defendió que el recurso del organismo autónomo tenía que ir dirigido a la protección de periodistas y personas defensoras.

En un estira y afloja que duró varios días, en que la Dirección del Instituto fue exhibida como un mecanismo que no enfocaba el presupuesto en quienes verdaderamente lo requieren, se llegó a un acuerdo de dejar el gasto de nómina en un máximo de 30 por ciento, y dejar el gasto en medidas y prevención en un 58 por ciento.

En su conferencia de prensa semanera del lunes 29 de agosto, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que no se le aprobaría ningún peso a la Dirección, que no estuviera sustentado y que no vaya dirigido a la protección. Todo esto sucedió justo un día antes del feminicidio de Rosario Lilián en La Cruz de Elota.

Redacción | El Sol de Sinaloa

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