Un riesgo más de la militarización

El lunes, el presidente López Obrador anunció que emitirá un Acuerdo para integrar formalmente a la Guardia Nacional en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. La constitucionalidad de esta acción es, por decir lo menos, dudosa, pero el presidente apuesta a que la Suprema Corte le permita seguir adelante con su afán de formalizar lo que ya ha ocurrido en la práctica: la militarización de la Guardia Nacional, una institución que supuestamente sería de carácter civil. 

En otras entregas, he discutido ampliamente los efectos nocivos de la militarización de distintas labores de gobierno que son de naturaleza civil, tales como la vigilancia de aduanas y puertos, la construcción de obras públicas o la entrega de programas sociales. También he escrito varios textos sobre las fatales consecuencias de la militarización de la seguridad pública y su impacto en los derechos humanos y en el aumento de la espiral de violencia, que asola al país desde hace más de quince años.

Lee: La Guardia Nacional garantiza la paz en México, dice AMLO

Hoy me quiero centrar en otra consecuencia de la militarización del gobierno civil que, si bien sus implicaciones pueden parecer menos aparatosas y riesgosas, no dejan de ser preocupantes. Me refiero a la pérdida de presencia y control territorial del Estado. Me explico a continuación. 

Como un primer antecedente, hay que tomar en cuenta que, con el viraje neoliberal y el adelgazamiento del Estado que México vivió en las últimas décadas del siglo XX, el gobierno federal debilitó su presencia y su control político sobre extensos territorios del país. Los gobernadores, los presidentes municipales, grupos criminales y colectivos sociales más o menos organizados aprovecharon estos vacíos de poder para incrementar su control o, al menos, su influencia en diversas regiones del país. 

Posteriormente, a razón del estallido de la violencia que ocurrió entre 2006 y 2008, cuando inició la guerra contra el narcotráfico, las instituciones locales y federales de gobierno civil disminuyeron su presencia en varias regiones del país o, de plano, se retiraron de las zonas más inseguras e inestables. Esa presencia de representantes o instituciones civiles se fue sustituyendo por el despliegue de elementos del Ejército y la Marina. 

Los procesos descritos en los párrafos anteriores no fueron lineales ni homogéneos. Más bien, se gestaron a ritmos y de modos diferenciados en las distintas regiones del país. 

Sin embargo, lo importante es destacar que el giro neoliberal, la transición democrática y la guerra contra el narco trajeron consigo una reconfiguración del régimen territorial del Estado mexicano, que, entre otras cosas, implicó la pérdida (o el debilitamiento) del control del gobierno civil sobre grandes tajadas del país y la lucha por recuperar (o no perder) territorios encabezada por elementos militares. 

Durante el sexenio del presidente López Obrador, la política territorial del gobierno federal adquirió una nueva lógica, que descansa, en buena medida, en el las Fuerzas Armadas. Al desempeñar todo tipo de tareas —desde la entrega de vacunas y libros de texto, hasta la vigilancia de carreteras, puertos y aeropuertos— los militares, poco a poco, se están convirtiendo en el principal instrumento de presencia territorial del gobierno en las distintas regiones del país y, en consecuencia, los elementos castrenses son en muchos casos el principal punto de contacto entre el Estado y los ciudadanos.

Así, hoy en día, es válido sostener que el Ejército y la Guardia Nacional son los principales vehículos del gobierno federal para ejecutar sus políticas en el territorio y para hacer sentir la presencia del Estado mexicano en todos los rincones del país. Cabe aclarar que uso el término “hacer sentir” de manera deliberada, puesto que es bien sabido que las verdaderas fuerzas dominantes de muchas regiones mexicanas son las organizaciones delictivas o, en otras, hay francamente un desgobierno alarmante.

En otras palabras: la militarización de la política territorial del gobierno federal implica que el Ejército ya no solamente es el principal instrumento para disputar el territorio con los grupos criminales; ahora, también es el vehículo fundamental para operar las políticas públicas del gobierno federal y el punto de contacto primordial entre el gobierno y sus ciudadanos. 

Aún es pronto para calibrar el impacto de la militarización de la política territorial del gobierno federal, pero hay dos aspectos que me parecen preocupantes desde ahora. El primero es que cada vez más ciudadanos en cada vez más regiones se están acostumbrando a ver a los militares en sus comunidades y a tratar con ellos para recibir sus programas sociales, sus vacunas, sus libros de texto o gestionar ante ellos sus preocupaciones en materia de seguridad. Esto abre la puerta a que los ciudadanos normalicen la militarización de más labores del gobierno civil y no la consideren problemática. 

El segundo es aspecto alarmante es que el gobierno civil está perdiendo capacidades operativas para ejecutar sus políticas públicas en el territorio. Esto podría generar una dependencia prolongada del gobierno hacia el Ejército, al considerarlo el único brazo ejecutor factible de la política territorial, lo que a su vez contribuiría al creciente empoderamiento y a la ascendente politización de las Fuerzas Armadas. 

Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político.