Los fiscales de siete estados con más homicidios pedirán a la Sedena mayor control de armas de fuego

IRAPUATO, Guanajuato. Los fiscales de los estados de Guanajuato, Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Querétaro solicitarán a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que pida a su vez a las empresas que le venden armas de fuego que realicen la toma de toma de la huella balística a dicho armamento para tener un mayor control y que no llegue a manos del crimen organizado.

Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, dijo que en la última sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la zona Occidente, de donde es representante de los fiscales que la integran, se llegó a ese acuerdo.

Lo anterior, explicó, para que además pueda tomar las huellas balísticas a las armas de fuego que recuperan en los programas de canje y destrucción de armas, para ver de dónde provinieron éstas, pues han sido detectadas armas largas que sólo son de uso exclusivo del Ejército y con ello identificar la red que provee las mismas.

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“En atención a las aportaciones del titular del Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia) y del consejero jurídico de la cancillería sobre la necesidad de tener una mayor trazabilidad del origen y uso de las armas de fuego, solicitaremos a la Sedena que las empresas fabricantes de armas realicen la toma de huella balística, antes de la entrega de las armas que compra de forma consolidada el Estado Mexicano y que se tomen también las huellas balísticas de las armas que se recuperan mediante los programas de canje y destrucción de armas”, dijo.

En un video publicado en la página oficial de la Fiscalía General del Estado, Carlos Zamarripa habló de los acuerdos a los que llegaron los fiscales de la zona occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

En agosto de 2021, Carlos Zamarripa Aguirre dijo que el tráfico de armas de fuego se había vuelto un problema muy complejo y que estaba redundando en un incremento de la violencia en el país, de la que Guanajuato no era ajeno.

Sin embargo, dijo que tendría que haber una investigación muy profunda para ver de dónde provienen y cómo es que entran al país las armas de fuego que el crimen organizado está utilizando para asesinar a sus rivales en la guerra por la disputa de plazas para ejercer la venta de droga.

En abril pasado, el propio Carlos Zamarripa y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, viajaron a Washington, Estados Unidos, para sostener una reunión con a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en donde el gobierno estadounidense se comprometió a brindar capacitación a las autoridades guanajuatenses para que puedan extraer el ADN de balas percutidas y así rastrear a los responsables.

Sin embargo, el propio Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que lograr la trazabilidad de las armas de fuego que circulan en el país compete única y exclusivamente al gobierno federal, pero habrán de sumarse en las labores para lograr ello.

Cuatro de los seis estados que forman parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la zona occidente son considerados de los que más homicidios tienen, tanto en el acumulado de víctimas como en la tasa por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras federales.

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Por ejemplo, Michoacán, Guanajuato y Jalisco están dentro del top cinco de estados con más víctimas por homicidio dolosos acumulado durante el primer cuatrimestre de 2022, con mil, 993 y 642 personas asesinadas, respectivamente, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, Colima es considerado el estado con mayor cantidad de homicidios dolosos cometidos por cada 100 mil habitantes, al registrar10.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes, también de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A nivel nacional, se tiene un promedio de 70 de cada 100 asesinatos son cometidos con armas de fuego, aunque por ejemplo en Guanajuato 83 de cada 100 víctimas de homicidio doloso fueron atacadas a balazos y la mayoría con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

También el gobierno mexicano inició en agosto de 2021 un litigio estratégico para denunciar la negligencia de las empresas productoras de armas de fuego, pues incluso se señala que estarían casi diseñadas para ser usadas para grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico; dicho litigio sigue en proceso.

Óscar Reyes | El Sol de Irapuato