:)

CDMX

La autoridades defienden la biodiversidad del Lago de Texcoco y los campesinos su manera de subsistir

Los ejidatarios dicen que la declaratoria de Área Natural Protegida en el lago viola la constitucionalidad al cambiar el destino de la tierra

Published

on

Foto: Archivo

SAN SALVADOR ATENCO, Estado de México. Mientras las autoridades aseguran que buscan proteger la biodiversidad del Lago de Texcoco, los campesinos aledaños de San Cristóbal Nexquipayac, San Miguel Tocuila y San Salvador Atenco aseguran que la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) impactará en su modo de vida.

La declaratoria emitida por el gobierno federal el 22 de marzo pasado cambia de manera flagrante el destino de la tierra y deja la zona para el desarrollo de actividades de turismo de bajo impacto ambiental, afirman María Leticia Peláez Cuevas y Humberto Elizalde, ejidatarios de Nexquipayac y Tocuila, quieneas manifiestan su desacuerdo, pues desde hace más de un siglo se han dedicado al cultivo.

“El turismo no es, ni nunca ha sido nuestra fuente de trabajo, y la otra razón es que el turismo sería de la Ciudad de México y la zona conurbada, lamentablemente está demostrado que es un turismo altamente contaminante”, destacan.

Lee: El gobierno de López Obrador le quiere inyectar a Texcoco lo que no gasta en 183 áreas protegidas

El decreto de ANP no los despoja de sus tierras, sin embargo, aseguran que los limita en cuanto a lo que pueden y lo que no pueden sembrar en sus parcelas, acto que, señalan, es anticonstitucional.

“Desde hace más de un siglo, en nuestras tierras que son usufructuadas desde el tiempo de nuestros bisabuelos, se siembra maíz, alfalfa, trigo, avena y cebada. Actualmente hay muchos ejidatarios dentro de la poligonal que tienen huertos de hortalizas e invernaderos donde están sembrando jitomate, cilantro y zanahoria”.

“Ahora, con la declaratoria sólo podrán sembrar espirulina, romeritos y otras especies que no servirán para el ingreso de las familias, también limitó el pastoreo porque la pezuña del animal al caminar y al arrancar la hierba para comer va raspando la tierra y en ese sentido se convierte en un sistema antiambiental”, detalla María Leticia.

Los campesinos afectados consideran que la declaratoria como área natural protegida no debe ser, porque viola la constitucionalidad al cambiar el destino de la tierra y es privativo del derecho de propiedad y posesión, además de que viola la personalidad jurídica constitucional, atentando contra el núcleo de población ejidal con sus usos y costumbres, así como la psicología social de sus pueblos.

La declaratoria de ANP en su Artículo Tercero apartado VII indica: Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, entre otras, se realizarán únicamente en las subzonas en que, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, permitan el desarrollo de tales actividades, procurando en todo momento la conservación de los ecosistemas y especies de vida silvestre existentes en el área, y tendiendo paulatinamente a la eliminación del uso de agroquímicos como el glifosato, y sustituirlos por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas; así como evitando el sobrepastoreo y se fomente la regeneración de la vegetación natural, según corresponda.

María Leticia Peláez explica que se trata de un decreto presidencial que marca sólo obligaciones y cambia de destino la zona urbana, la parcelada y la de uso común, lo cual no les permite el cultivo de la tierra como ha sido tradicional desde hace más de un siglo.

Además, apunta, le atribuye la capacidad de administrar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ignorando las atribuciones y derechos del núcleo de población ejidal con sus características constitucionales.

Lee: El gobierno de AMLO invertirá más de cuatro mil mdp en el rescate del Lago de Texcoco

Los ejidatarios de Atenco, Tocuila y Nexquipayac afirman desconocer si actualmente el Lago de Texcoco se encuentra en litigio. Pero los comuneros de Tocuila y Nexquipayac precisaron que ya tramitaron amparos y en el caso del ejido de Nexquipayac, ya les fue concedida una orden de suspensión provisional.

Peláez Cuevas, ejidataria de Nexquipayac, relata que el 5 de abril de 2022 acudieron a los juzgados de Distrito en Nezahualcóyotl para interponer un amparo colectivo, donde 371 ejidatarias y ejidatarios solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Decreto Presidencial emitido por el Ejecutivo federal.

“Hemos interpuesto amparos porque indebidamente fuimos notificados mediante edictos en el Diario Oficial de la Federación, de fechas 2, 3 y 4 de marzo de 2022, lo cual es ilegal, ya que dichas publicaciones no cumplen con los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, no se respeta el periodo de intervalo entre la primera publicación y las siguientes que debe ser de siete en siete días, y estos se publicaron tres veces durante tres días seguidos”, detalla.

Para el jueves 7 de abril, ejidatarios lograron la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; esto es para que no se ejecute el prejuicio del ejido quejoso, de sus propiedades, posesiones o derechos, acto alguno tendiente a la ejecución del decreto presidencial. Ahora están en espera de la audiencia.

Por su parte, los comuneros de Tocuila explican que el martes 11 de mayo acudieron también a los juzgados de Distrito en Nezahualcóyotl para interponer un amparo a fin de solicitar la desincorporación a la declaratoria de ANP de sus parcelas.

Los comuneros de los tres ejidos aseguran que actualmente no cuentan con estudios agrícolas, ambientales y de sustentabilidad, pero en las próximas semanas acudirán hasta sus parcelas especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a quienes solicitaron los asesoren con estos temas.

El 22 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presidencial que informó sobre la declaración como ANP de 14 mil hectáreas del Lago de Texcoco, de las cuales 10 mil son propiedad federal y 4 mil de propiedad social.

Esto involucra a los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl.

Según la declaratoria, el Lago de Texcoco contiene ecosistemas representativos que son el hábitat de más de 250 especies de flora y más de 370 de fauna.

Adicionalmente hay más de 10 especies de hongos y musgos, de las cuales 48 están bajo alguna categoría de protección de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2010.

Lee: Conagua denuncia ante FGR la invasión de los terrenos del Lago de Texcoco

La declaratoria indica que en el lugar se encuentran plantas como el falso maguey grande (Furcraea parmentieri), así conocido en la región, y el apaclol o papa de agua (Sagittaria macrophylla), ambas catalogadas como amenazadas; animales como el ajolote del altiplano (Ambystoma velasci), la culebra chata de Baird (Salvadora bairdi) y la tortuga pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum), sujetas a protección especial.

También se encuentra el playerito occidental (Calidris mauri), el pato mexicano (Anas diazi [syn. Anas platyrhynchos subsp. diazi]), el chorlo nevado (Charadrius nivosus), el cincuate (Pituophis deppei) y la rana de árbol plegada (Dryophytes plicatus), catalogadas como amenazadas, el mexcalpique (Girardinichthys viviparus) y el rascón real (Rallus tenuirostris), especies en peligro de extinción, así como más de 100 especies endémicas al territorio nacional.

Dos días después de emitirse la declaratoria, un grupo de Investigadores de la Universidad de Guadalajara acompañados por ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierras (FPDT) quienes están a favor del proyecto, realizaron un recorrido en un tramo de la barda perimetral del extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en las lagunas de Xalapango y la Ciénega de San Juan.

Los investigadores fueron testigos del arribo de cientos de patos, golondrinas, tordos, chicuilotes y garzas.

Durante ese recorrido, la investigadora Alejandra Villagrana Gutiérrez afirmó que con la declaratoria de ANP, desde el punto de vista urbanístico, permite delimitar el área y para los especialistas generar los instrumentos para que se regulen los procesos de urbanización aledaños a la zona.

En ese sentido, campesinos de Nexquipayac insistieron que las tierras que reclaman no tienen ni la flora, ni la fauna que asume el proyecto del Parque Ecológico.

Humberto Elizalde, ejidatario de Tocuila, explica que en sus tierras las aves que se ven son las garzas blancas, las cuales, dijo, son aves de rapiña que hurgan encima de la basura.

“Esas áreas protegidas no nos negamos, pero en el terreno donde no se siembra, en estas parcelas se siembran, ya las fueron a ver, ya las fueron a visitar; esos terrenos son sembradíos de nosotros los ejidatarios, de ahí nos mantenemos, si las toman como ANP, ¿qué va ser de nuestras familias?, de ahí nos mantenemos los que somos campesinos”, cuestionan.

Denunciaron que falsamente se ha hecho creer a la opinión pública que las tierras que son de cultivo y están defendiendo ya fueron vendidas, y ahora las quieren recuperar. Aseguraron que es una mentira y que las tierras cultivables no han sido vendidas, tampoco están en venta porque, aseveran, las siguen trabajando.

“Nos acusan de que ya vendimos las tierras y las queremos recuperar, eso no es cierto, ni siquiera estamos exigiendo que nos devuelvan las hectáreas que fueron enajenadas por el proyecto del NAIM y que quedaron fuera de la barda perimetral”, señalan.

“Los del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) reclamaron la restitución de 370 hectáreas que también quedaron fuera de la barda”.

Finalmente, relatan que las tierras de los ejidos que en 2001 se enajenaron para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fueron terrenos de uso común, esas tierras se transfirieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y aclararon que no son las que se encuentran en disputa.

Fernando Solís | El Sol de Toluca