La atención médica terminó para los afectados del Río Sonora

Banámichi, Sonora. Una obra negra se convirtió en la promesa jamás cumplida y la mayor evidencia de la falta de responsabilidad de Grupo México por resarcir los daños a los afectados del Río Sonora.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (UVEAS) —el hospital que empezó a construirse en el municipio de Ures en febrero del 2016— nunca se terminó y jamás fue utilizado.

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Hoy, en la fecha exacta en que se cumplen cinco años de la contingencia ambiental provocada por la mina Buenavista del Cobre, ocurrida el 6 de agosto de 2014 con el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, la poca atención médica que recibieron los habitantes del Río Sonora, otorgada en un sitio provisional, podría darse por terminada.

“El cierre de la UVEAS es nuestro regalo de aniversario”, dijo Martha Patricia Velarde, activista y habitante del municipio de Banámichi, entrevistada en su casa mientras revisaba un cúmulo de documentos digitales acerca del tema.

Afectaciones en la piel, enfermedades renales y casos de cáncer fueron las principales enfermedades que los habitantes del Río Sonora atribuyeron al agua que consumieron y que estaba contaminada con metales pesados. Sin embargo, estas afirmaciones nunca se comprobaron científicamente.

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De acuerdo con el convenio de concertación de acciones entre el consorcio minero y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), las atenciones médicas a los afectados culminarán el 6 de agosto de 2019, fecha límite que se estableció en el documento público ubicado en el sitio web del Fideicomiso Río Sonora.

Este convenio indica textualmente que Grupo México y la Cofepris debían concertar acciones conjuntas y coordinadas con la finalidad de garantizar la continuidad al seguimiento epidemiológico y monitoreo “y, en su caso, atención médica de los 381 casos identificados para seguimiento y los que se presenten, a fin de evitar la ocurrencia de potenciales riesgos a la salud, única y exclusivamente con motivo del derrame”.

Para este propósito, Grupo México debió contar con un inmueble específicamente acondicionado y con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus obligaciones y ayudar a los afectados por la contaminación del Río Sonora.

Referente a la UVEAS, textualmente, el documento postula que la empresa minera debe:

“Mantener en operación y dar cumplimiento constante a la instalación, hasta el día 6 de agosto de 2019, pudiendo darlo por concluido por escrito antes en caso de haberse agotado y cumplido el objeto del presente instrumento, o bien, prorrogarse por acuerdo escrito de las partes, considerando las necesidades de salud estrictamente relacionadas con el objeto del presente convenio que justifiquen la decisión”.

Grupo México nunca cumplió

Las disposiciones que entraron en vigor el 19 de enero de 2017 cuando fue firmado por Julio Salvador Sánchez y Tépoz, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como por Alejo Francisco Manzo Díaz y Juan José Cervantes Silva, representantes legales de Grupo México, fueron prácticamente omitidas.

Cobertura 360 solicitó una entrevista con Joel López Villagómez, director de la UVEAS, quien afirmó que no tiene autorización para responder preguntas.

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De acuerdo con la organización no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), no existen datos fidedignos sobre el número real de personas afectadas en su salud y el tipo de afectaciones.

Además, no se han llevado a cabo estudios completos y tampoco se han dado a conocer los resultados de los estudios toxicológicos parciales realizados a las personas enfermas por laboratorios pagados por la empresa.

Y, de acuerdo con los testimonios recabados por la organización y los Comités de Cuenca Río Sonora, los afectados señalaron constantemente deficiencias en la atención médica a través del Fideicomiso, con el módulo provisional de la UVEAS.

Además, afirmaron que los diagnósticos que recibieron fueron cuestionables, pues ninguno se atribuyó a la contaminación del río, además de que los resultados de los análisis fueron tardados y difíciles de interpretar, mientras que tampoco hubo medicamentos suficientes para tratar los padecimientos.

Martha Patricia Velarde teme por la salud de los habitantes de los siete municipios afectados y concluye:

“El convenio quiere decir que no van a admitir ningún caso más, que van a decir ‘hasta aquí, ya no los atendemos más’, y que digan que hasta el 6 de agosto, es algo que nos sigue espantando”.

Por Astrid Arellano. Reportaje publicado en alianza colaborativa con Proyecto Puente.