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Seguridad

En Puebla criminalizan a los defensores: Organismos de la ONU

La Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha dado carpetazo a las quejas presentadas por las ataques a los defensores de derechos humanos en Puebla

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PUEBLA, Puebla. – Organismos internacionales defensores de derechos humanos integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mecanismos consultivos del Consejo Económico y Social (ECOSOC), así como observadores nacionales y del Estado de DH reconocieron que comunidades en resistencia de Juan C. Bonilla y defensores de la región son blanco de represalias y criminalización por el ejercicio de la protesta, su defensa del agua la tierra, el territorio, el medio ambiente y de la libre determinación de los pueblos.

En La Casa de los Pueblos, Altepelmacalli (antes la Bonafont), donde se llevó a cabo la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos por representantes de Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigades International (PIB), del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán (CDHLVT) que reunieron los testimonios de pobladores de Zacatepec, integrantes de Pueblos Unidos y Guardianes del Río Metlapanapa, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), que relataron las violaciones de derechos humanos que han sufrido.

En la relatoría final, integrantes del PBI reconocieron la presencia de perseguidos políticos, expresaron una “estrategia de criminalización” que va en escalada para minar la voluntad de defensores de DH, de la tierra y el agua, lo que contrasta con la versión oficial sostenida por Miguel Barbosa Huerta en el Informe de Gobierno.

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“Nosotros desde Brigadas Internacionales de Paz estuvimos acompañando al defensor Miguel López Vega en sus audiencias, y tanto PBI como tres organizaciones de Derechos Humanos más, sí podemos atestiguar que muchos defensores de la tierra y el territorio, de los cuales forma parte el defensor Miguel, están siendo víctimas de una estrategia de criminalización, de judialización”, dijo la relatora de PBI.


También reconocieron a los defensores como blanco de represalias, las estrategias incluyen grupos de choque, hostigamientos, difamación, intimidación, detenciones arbitrarias y procesos de criminalización, y sostuvieron que viven en situación de riesgo por su trabajo no violento en pro de los derechos humanos y de la justicia social.

Los observadores e integrantes de las organizaciones de DH manifestaron su “extrema preocupación” de la situación mental y física de quienes defienden la vida en esa latitud en Puebla.

Una relatoría interminable

Por más de dos horas, al micrófono desfilaron defensores, activistas, mujeres, personas de la tercera edad, habitantes que relataron aspectos y detalles de las experiencias en la criminalización, judialización, el encarcelamiento, las agresiones de grupos de golpeadores de parte del municipio a quienes han alzado la voz.

Relatos incluyeron la ineficacia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha dado carpetazo a las quejas presentadas y señalando que las quejas de oficio que levanta el organismo están al margen de la comunidad, incluso, acusaron que han servido a los empresarios para conocer datos de defensores.

Pobladores enfatizaron que si bien los procesos de criminalización son graves, los ataques de grupos de choque comandados por el presidente municipal son ahora la preocupación más grande, porque son un potencial riesgo de derivar en agresiones que escalen a situaciones más graves.

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Los testimonios más álgidos fueron de personas que resultaron lesionadas por grupos de choque que el presidente José Cinto Bernal responsable de la violencia registrada el pasado 21 de noviembre durante la Asamblea Comunitaria.

Relatos daban cuenta que Bernal continuó la Asamblea a pesar del conflicto y las detenciones arbitrarias, las que nunca detuvo.

La policía en la trifulca sólo aprehendió a defensores y personas que se oponían a la re-apretura de la Presidencia Municipal, que estaba tomada. Ninguno de los agresores fue detenido.

Luego, con el grupo de choque y funcionarios del gobierno estatal fue acompañado a abrir el ayuntamiento por la fuerza; a sus allegados les dijo que el suceso era «Un día histórico».

El testimonio que dejó en silencio al auditorio fue el relatado por Cosme, un habitante que fue agredido por los golpeadores. Fue atacado a tal grado que puede perder un ojo, agudizándole también un problema de oxigenación en el cerebro.

Relatores advirtieron que de las personas golpeadas, algunas ya habían sido amenazadas. “Dejar en impunidad a los agresores es favorecer la escalada y el nivel de riesgo y de agresión, ya no son amenazas, ya se registran golpes”.

Patrullas sin placas rondaban a defensores


Tras la relatoría, Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), con el grupo de defensores que integraban la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, acudieron a documentar la oficina cerrada y sellada de una autoridad elegida por usos y costumbres, así como los murales borrados de las paredes del ayuntamiento de parte de la autoridad municipal.

Al llegar al lugar, una de las personas agresoras llamó a la policía que en patrullas sin identificación daba rondines acosando a los defensores.

Pobladores señalan que Lourdes Montes Mier, antes de ocupar el cargo de secretaria de Seguridad Pública en el municipio que gobierna el panista José Cinto Bernal, fue destituida de la dirección de Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, por acusaciones de extorsión y corrupción dentro de la corporación.

También ha sido señalada de ser pareja sentimental de Luis Francisco, exdirector de la policía municipal de Texmelucan. Según versiones periodísticas fue detenido el pasado 10 febrero de 2020 por el delito de secuestro por elementos de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), bajo la carpeta de investigación 258/2016 de San Pedro Cholula.

“Si estamos viendo un grupo de golpeadores de parte del municipio, agentes de policía sin identificar y directores vinculados con crimen organizado, el nivel de agresiones que se esperan es mayor, un ambiente de inseguridad en el municipio de Zacatepec”, advirtieron habitantes.


En tanto, defensores de Derechos Humanos aseguraron que darán continuidad en el monitoreo y seguimiento de los sucesos en la región, de manera que cualquier incidente nuevo de agresiones, defensores puedan activar alertas y llamados urgentes.

También revelaron que en caso de no haber respuesta de autoridades para detener las agresiones, la denuncia escalará a más difusión en cuerpos diplomáticos y demás organismos internacionales.

El Ciudadano | Kara Castillo

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