El Instituto Federal de Defensoría Pública representará a mujeres acusadas de aborto

Luego del avance que tiene el tema de la despenalización del aborto en el país, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) brindará asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra cuando esta acción haya sido considerada delito.

Así lo aprobó el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), conforme lo propuso el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para que los defensores del IFDP representen a las mujeres y personas gestantes que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto, particularmente a las personas más vulnerables y marginadas del país.

En un comunicado, el CJF informó que con estas nuevas atribuciones, el IFDP también podrá asesorar, representar y defender a las familias víctimas de feminicidio.

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Explicó que estas acciones forman parte de la agenda de género que decididamente ha impulsado Arturo Zaldívar en el Poder Judicial de la Federación (PJF) para lograr una auténtica igualdad entre mujeres y hombres.

Pero también, abundó, para representar a las personas marginadas del país a través de una defensa pública adecuada, accesible, incluyente y de calidad.

Dio a conocer que las personas que requieran asesoría comunicarse a DEFENSATEL 800 22 42 426, que está disponible las 24 horas del día durante todo el año desde cualquier parte del país y de forma gratuita.

Además, DEFENSATEL también está disponible para todas las personas que requieran servicios de orientación sobre defensa penal y asesoría jurídica mediante una sola llamada.

A la fecha, la defensoría pública tiene representaciones en los 32 estados de la República, a través de más de mil defensoras y defensores públicos, así como asesoras y asesores jurídicos, a fin de asegurar una representación jurídica gratuita de calidad para todas las personas, especialmente para las más necesitadas.

El martes pasado, la SCJN dio su postura en el tema de la despenalización del aborto en el país y con mayoría de votos los ministros declararon la inconstitucional de los artículos del Código Penal de Coahuila que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo en mujeres en edad de gestar.

Con esta determinación, el máximo tribunal del país anuló la cárcel de uno a tres años con la que se castiga la interrupción voluntaria del embarazo en Coahuila y sienta un precedente para el resto de las entidades federativas.

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