Las mujeres del programa Sembrando Vida “cosechan” acoso sexual y discriminación

En diferentes entidades donde se implementa el programa federal Sembrando Vida, el personal femenino que labora en campo o es administrativo cosecha acoso y hostigamiento sexual, lo mismo que discriminación por ser mujeres o por pertenecer a una etnia indígena, además de humillaciones, agresiones y hostigamiento laboral.

El hedor de su aliento alcohólico bañó su rostro al momento que intentó besarla por sorpresa. Desconcertada se negó y comenzó a llorar. El tipo no se inmutó, sólo se retiró y le dijo que cerrara bien la oficina cuando saliera. No era la primera vez que intentaba propasarse con ella, pero rechazarlo en esa ocasión, resultó la peor osadía, ya que sería el inicio de un sinnúmero de represalias y agresiones en su contra.

Al principio, comenzó a llamarle a la una y cinco de la mañana so pretexto de preguntar por cuestiones de trabajo; luego la humillaba y se burlaba frente a sus compañeros, decía que su mal humor era el resultado de “andar en sus días”.

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También le llamaba por teléfono para citarla de un momento a otro en cualquier lugar de la zona, pero Natalia tenía miedo de estar a solas con su jefe, el coordinador territorial de Sembrando Vida de Puebla.

Durante sus labores de campo, le insistía en estar interesado, que la soñaba y le mecionaba su deseo de tener relaciones sexuales. Ella se incomodaba y lo rechazaba, pero él se obstinaba en “conquistarla”. Después comenzó el acoso laboral.

Ella no es la única empleada en el programa estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador que sufre violencia de género. Sobre estos casos de violencia de género existen denuncias penales ante fiscalías que presentaron Natalia, Maribel y otras víctimas, quienes piden no revelar su verdadera identidad para evitar represalias.

Sobre estas denunicas, la Secretaría de Bienestar respondío, a través de una tarjeta informativa, que tiene el compromiso de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual o laboral, así como cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres.

Señaló que cuenta con los mecanismos para que las personas agraviadas “presenten las denuncias correspondientes y no haya impunidad”, lo mismo que “implementa el protocolo para prevención, atención y sanción del acoso y hostigamiento sexual”, que incluye atención psicológica y orientación a las víctimas.

“Vengo de un contexto indígena, soy hablante de náhuatl. En una reunión que tuvimos (con los sembradores) en Cuetzalan, Puebla, una compañera me dijo: ‘tú que hablas náhuatl, haz la traducción’. Y mi facilitador, literal, se burló de mí enfrente de mis compañeros y me quedé callada”, recuerda Paloma Ángeles Gómez, una ex técnica social de aquella entidad.

No fue la única ocasión que padeció este tipo de tratos por parte de su facilitador Carlos A. Santiago Meza. En reuniones en equipo, al participar y dar su opinión le quitaba la palabra, también la menospreciaba por ser docente en educación para el medio indigena, y no un agrónomo, biólogo o tener una especialidad en temas forestales. Algo similar le ocurrió a un par de técnicas de Tulum, en Quintana Roo, su facilitador, Humberto Mis Ku, las humillaba y hostigaba laboralmente. Lo describen en una palabra: machista.

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Con ese mismo término, Tania Escobar, otra extécnica productiva del programa, en Campeche, se refiere a su facilitador Antonio Contreras. “Fue una cuestión de discriminación, mi compañero binomio se casó con una becaria, se fue de luna de miel y yo tenía que trabajar. Él podía hacer lo que quisiera, le permitía todo, faltar. Como hombre tienes todas las facilidades y tú, como mujer no”, subraya. Además cuenta que un día al acudir sola a labores de campo, en la zona de la Candelaria, donde predomina el narco, casi la linchan.

Pero por el temor a perder su trabajo, Natalia no se atrevía a denunciar el hostigamiento sexual por parte de su coordinador territorial. Recién egresó de la universidad y era un privilegio laborar en Sembrando Vida. Además su jefe la amenazaba. “No se te olvide quien te dio esta oportunidad. Así como llegaste te puedo despedir”, le reiteraba. Luego ella se cansó y decidió acudir a la Secretaría de Bienestar para dar conocimiento de su situación.

Sin embargo, le respondieron que se mantendrían al margen, porque ambos eran personal de confianza, y no intervendrían por ninguno. Así que Natalia acudió a levantar una denuncia a la Fiscalía del estado, pero le dijeron que al ser un servidor público federal no podían proceder legalmente, así que remitió su denuncia por hostigamiento sexual a la Fiscalía General de la República (FGR), donde han dado seguimiento a su caso y le otorgaron medidas de protección.

Una técnica de Morelos contó de manera breve la discrimicación y acoso que padeció por parte de su binomio, además que en lugar de ser un apoyo la trataba como si fuera su secretaría. Lo denunció pero tampoco hubo sanción. “Metí un escrito, primero lo reporté y se supone que iban a hablar con él. Firmó una carta compromiso, pero en realidad no cambió nada, era de repente como un poco más evidente el maltrato”, platica.

Liliana Castillo Puce quien laboró como facilitadora en Yucatán, fue testigo de las ofensas hacia sus compañeras por parte de Adrian Flores Heredia, coordinador territorial de Quintana Roo –el programa competía ambos territorios. En las mesas de trabajo cuando proponían algo, las denostaba por ser mujeres.

Gloria López Santiago, sicóloga y victimóloga del Poder Judicial del Estado de México, explicó que en cualquier empleo el acoso y hostigamiento sexual son un ejercicio de poder y tienen un componente de “seducción”. Se acompaña con una serie de conductas y comentarios de manera sutil que van subiendo de tono. Inician con un halago, un comentario positivo para después derivar en chistes obscenos, sexistas, esperando que las víctimas acepten este tipo de situaciones y no lo sientan como una agresión o violencia.

“Es una escalada de abuso de poder, de lo que en algún momento causa una tolerancia; por decirlo así, una invisibilidad en la víctima. No se inician de manera directa, sino es algo que va aumentando conforme va pasando el tiempo”, dijo.

La violencia que se padece en este tipo de conductas resulta complejo para las mujeres denunciarlo. Un problema es la falta de información o empatía de las mismas instituciones donde laboran, es el caso de Bienestar, porque no las apoya; lo otro, es el temor de perder sus empleos o las amenazas por parte de los agresores.

“Este uso del poder se da porque las víctimas están bajo esta condición de vulnerabilidad. Tienen el temor de perder el empleo. Hay una afectación económica porque a veces dependen varias personas de estas mujeres. Además de esto, no fue algo fácil encontrar este empleo. Estas condiciones se van sumando, y es precisamente, aparte de la credibilidad que puedan darle las autoridades, empezando por los jefes inmediatos o quien esté a la par”, subrayó.

La Secretaría de Bienestar respondió a través de una tarjeta informativa que tienen el compromiso de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual o laboral, así como cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres.

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Señaló que cuenta con los mecanismos para que las personas agraviadas “presenten las denuncias correspondientes y no haya impunidad”, lo mismo que “implementa el Protocolo para prevención, atención y sanción del acoso y hostigamiento sexual”, que incluye atención psicológica y orientación para las víctimas.

Al respecto, las afectadas señalan que cuando se quejaron no recibieron ninguno de los apoyos mencionados, y que la dependencia a cargo de Javier May es omisa; sobre todo porque cuando denuncian, enseguida son despedidas del programa o el hostigamiento laboral es más evidente para obligarlas a renunciar.

Uno de los problemas de un sector del personal de Sembrando Vida, es que se encuentran en la incertidumbre laboral al no estar contratados por Bienestar; y ser obligados a firmar un “contratos” provisionales cada uno, tres o seis meses, según la región, al ser personal de “confianza” o por honorarios. Además padecen la inseguridad de las zonas; sufren amenazas por parte de funcionarios públicos, de los pobladores o no cuentan con seguro médico.

Andrés M. Estrada / El Sol de México