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La Opinión

Nicolás Maduro gobierna con manga ancha y sin oposición legislativa

De la Asamblea Legislativa salió Juan Guaidó, el más reciente opositor de Nicolás Maduro quien es desconocido por algunos países como presidente de Venezuela

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Se llevaron a cabo elecciones legislativas del 6 de diciembre del 2020. / Foto: Nicolás Maduro

Las legislativas del 6 de diciembre del 2020 en Venezuela, en las que el chavismo con Nicolás Maduro recuperó el control del Parlamento, cinco años después de cederlo y de donde surgió su más reciente opositor Juan Guaidó, suscitaron este lunes el rechazo de numerosos países por celebrarse sin oposición y sin observadores internacionales. 

La elevada abstención en las elecciones legislativas no impidió al presidente Nicolás Maduro hacerse con el Parlamento, consolidando aún más su poder y dejando al líder opositor Guaidó sin su principal bastión de lucha.

Con el Parlamento al servicio de Maduro ahora podrá cumplir con “formalidades de cara a países ‘amigos'” que quieran hacer negocios en Venezuela y necesiten “aprobación legislativa”, como China, Rusia, Turquía, Irán y Cuba.

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Sin control del Parlamento, a partir del 5 de enero, el opositor Guaidó enfrenta el reto de rediseñar la ruta del gobierno de transición que busca liderar hasta que puedan celebrarse elecciones “libres”, pero también enfrenta la posibilidad de ser sujeto a una cacería policiaca hasta quedar tras las rejas como sucedió con su mentor político Leopoldo López. 

Estados Unidos, que presiona a Venezuela para que el mandatario Maduro abandone el poder, afirmó que “seguirá reconociendo” al líder opositor Guaidó como “presidente interino” del país tras unas legislativas que calificó de “farsa”.

“La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se beneficie de robar una segunda elección”, advirtió el jefe de la diplomacia, Mike Pompeo, en un comunicado.

Pero al actual gobierno estadounidense, de Donald Trump, sólo le quedan un poco más de un mes de gestión, aunque es probable que con la llegada del demócrata Joe Biden la postura hacia el gobierno de Nicolás Maduro no cambie, por el contrario se endurezca. 

Las elecciones estuvieron marcadas por una fuerte abstención del 69 por ciento, después de que los principales partidos opositores, encabezados por Guaidó, llamaran a la población a quedarse en casa para no participar en un “fraude”, aunque la gente también no fue a las urnas para evitar la propagación de contagios y porque ya no cree en las autoridades electorales. 

La ausencia de dos tercios de la población electoral contrasta con la participación del 71 por ciento registrada en las legislativas pasadas, cuando la oposición quebró 15 años de hegemonía chavista en 2015 y que confiaba en poder de sacar del poder al enquistado chavismo.

El Grupo de Lima, que promueve una transición pacífica en Venezuela, afirmó que los comicios “carecen de legalidad y legitimidad”, por lo que el triunfo del partido socialista de Maduro y sus aliados “no debe ser reconocido por la comunidad internacional”. 

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El bloque internacional, formado en 2017 por iniciativa de Perú, afirmó que los comicios “fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional”.

La declaración del Grupo de Lima fue suscrita por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, países que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Además de sumarse a esa declaración, Brasil, gobernada por Jair Bolsonaro, fue uno de los primeros países en condenar unos comicios que tachó de “farsa electoral”. 

“El régimen de Maduro promovió hoy ‘elecciones parlamentarias’ en Venezuela para intentar legitimarse. Sólo se legitimará ante los ojos de aquellos que aprecian o toleran la dictadura o el crimen organizado”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, en su cuenta en Twitter.

Uruguay mostró, por su parte, su “preocupación” por el proceso electoral.

“La preparación y desarrollo de estos comicios se apartó de los estándares internacionales, debido a la inexistencia de órganos de contralor independientes e imparciales en el país y por no regir actualmente en Venezuela el estado de derecho y la separación de poderes”, declaró la cancillería uruguaya en un comunicado.

Por su parte, la Unión Europea afirmó que “no puede reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente”, ya que no cumplió “con estándares internacionales mínimos”, según declaraciones del jefe de su diplomacia, el español Josep Borrell. 

Reino Unido tampoco “reconocerá la legitimidad” de la nueva Asamblea Nacional venezolana, surgidas de unas “elecciones profundamente defectuosas el 6 de diciembre”, según el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab. 

“Seguimos reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente constitucional interino de Venezuela”, agregó el canciller británico en Twitter.

En medio del rechazo internacional, Maduro encontró algunas voces de apoyo.

“Deseo que la Unión Europea haga una reflexión”, dijo el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que lideró fallidos procesos de diálogo en Venezuela y actuó esta vez como observador electoral. “¿No reconocer es desentenderse? Hay que comprometerse”, agregó.

Los ex presidentes de Bolivia Evo Morales de Bolivia, de Ecuador Rafael Correa y de Paraguay Fernando Lugo fueron invitados a asistir a la jornada electoral por el gobierno chavista.

“Estas elecciones van a fortalecer la democracia en América Latina”, declaró Morales.

¿Qué va a cambiar?

La nueva Asamblea Nacional podrá designar funcionarios tan importantes como el fiscal, contralor y defensor del pueblo y los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, cuyos cargos duran siete años, así como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuya gestión dura hasta doce años.

La propia Asamblea Nacional se extenderá hasta 2026, más allá del actual gobierno, que constitucionalmente llega hasta 2024.

Así que, con este triunfo, el partido de gobierno tendrá el control político hasta, al menos, el segundo lustro de esta década, y en el caso del alto tribunal, hasta la década del ’30.

En el futuro electoral se vislumbra cuesta arriba la realización de un referendo revocatorio presidencial, que podría ejercerse constitucionalmente a partir del 2022 y al que el mismo presidente Nicolás Maduro ha asomado como opción política.

No es que no tuviera todo el poder cuando el Parlamento estaba en manos opositoras. Maduro, que ostenta el control territorial con respaldo de la Fuerza Armada, neutralizó esa Asamblea a través de la Corte Suprema, que lo declaró en desacato desde los primeros días de su legislatura.

Y llamó a una Asamblea Constituyente con poderes absolutos, que en la práctica asumió labores legislativas. El poder lo ha tenido siempre sólo que ahora lo oficializó.